El Gobierno de Canarias aumentará en más de 220 millones de euros el gasto en personal para financiar la recuperación de derechos perdidos con la crisis en su presupuesto de 2019, donde espera además destinar otros 70 millones a reducir la jornada laboral en educación y sanidad.

Esas mejoras se incorporarán a las cuentas de la comunidad autónoma del año próximo en virtud de un acuerdo suscrito con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo, según ha anunciado hoy su titular, José Miguel Barragán (CC).

El consejero ha destacado que de ese modo se da traslación al archipiélago del segundo "Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo en el Sector Público” de ámbito estatal firmado en marzo pasado con el Gobierno central, ejecutivo de cuyas decisiones dependerá que iniciativas como la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, garantizada ya para el personal de servicios generales, se apliquen también en sanidad y educación.

Puesto que, si bien "el dinero está" entre los fondos con que cuenta ya Canarias, el uso de los 70 millones de euros extra que se requerirían para financiar la iniciativa está condicionado a que se cambien los límites de gasto público todavía vigentes en el país a resultas de la crisis, ha argumentado Barragán.

El consejero de Presidencia ha insistido, en todo caso, en que la voluntad de su Ejecutivo es promover la recuperación progresiva de los derechos que sus trabajadores vieron mermados como consecuencia de los recortes aplicados a raíz de la crisis.

Esa voluntad obedece "al entendimiento de que la mejora en las condiciones de trabajo del personal al servicio de nuestra Administración constituye un factor indispensable para el incremento de la calidad de la prestación de los servicios públicos, que, por ende, redunda en beneficio de la ciudadanía", se subraya en el texto firmado junto a CCOO, CSIF y UGT.

Ese acuerdo, además, prevé, según ha querido precisar Barragán, "otras medidas de mejora del empleo público, como son el restablecimiento del incremento retributivo en caso de incapacidad laboral transitoria, la mejora de la paga adicional del personal laboral, las condiciones de disfrute de excedencia voluntaria del personal funcionario o el aumento de la partida destinada a la ayuda social".

Y establece, al tiempo, "la consolidación en el año 2019 de las medidas específicas para la carrera profesional del personal estatutario de sanidad, con los complementos retributivos para formación permanente del personal docente no universitario", ha añadido.

Barragán ha apuntado que, "así mismo, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad se compromete, una vez aprobada la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019, a iniciar un proceso de negociación colectiva destinado al establecimiento marco de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar".

Todo ello desde la convicción de que esas iniciativas no solo beneficiarán a funcionarios y otros empleados del Gobierno, que suma, en conjunto, unos 66.000 trabajadores, sino también a la ciudadanía en general, ya que se proyecta que decisiones como la rebaja de su jornada laboral contribuyan a que ofrezcan un servicio de mayor calidad, entre otras cosas porque determinarán que se contrate a más gente, ha recalcado.

En concreto, se calcula que habría que contratar cerca de un millar y medio de personas solo para cubrir los huecos que se generarían en los sectores de educación y sanidad, conforme a las estimaciones de Gobierno y sindicatos.

Organizaciones que han alabado lo pactado con el Ejecutivo a través de los dirigentes que lo han suscrito: José Ramón Barroso, por CCOO; Andrés Fuertes, por CSIF, y Francisco Javier Bautista, por UGT.

En su nombre, Barroso ha declarado que los sindicatos que representan al personal de la comunidad autónoma "ven la luz al final del túnel" después de varios años de recortes y de otros cuantos más en los que han estado reivindicando mejoras, una vez se comenzó a hablar del fin de la recesión económica.