El nuevo convenio colectivo de la hostelería en la provincia eleva del 60% al 65% el mínimo de plantilla fija en los centros de trabajo, asegura una subida salarial del 10,25% en cuatro años -la mayor recogida en una negociación entre patronal y sindicatos- y elimina las jornadas partidas para el personal contratado a tiempo parcial. Estas son algunas de las características del acuerdo que la patronal turística Ashotel y Sindicalistas de Base (SB), sus firmantes, destacaron ayer durante la presentación del documento.

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, y, sobre todo, el secretario de Comunicación de SB, Manuel Fitas, dedicaron gran parte de sus intervenciones no solo a explicar el contenido del convenio, sino también a rebatir las críticas vertidas por los otros dos sindicatos presentes en la comisión negociadora -CCOO y UGT-, que han rechazado suscribir el texto, entre ellas la de que las condiciones salariales contempladas en el acuerdo son inferiores a las previstas en el de Las Palmas.

Fitas puntualizó que la mayoría de los trabajadores de establecimientos alojativos de las islas occidentales cuentan con pactos salariales que colocan sus retribuciones por encima de las que perciben sus compañeros de la otra provincia. En cuanto a la minoría que solo cobra el salario base, el dirigente de SB anunció que su organización está promoviendo acciones judiciales y atribuyó la situación a la "falta de actividad" de otros sindicatos.

Además, el colectivo de trabajadores más numeroso de los amparados por el convenio, los de bares y restaurantes, disfrutará de un incremento salarial medio del 20% en los próximos cuatro años, lo que, a su juicio, permitirá aflorar parte de la actividad que se mueve en la economía sumergida.

"En esta provincia, las condiciones de trabajo son mejores en términos absolutos", aseguró, por su parte, Jorge Marichal, quien destacó el "esfuerzo importante" que ha realizado la patronal en un momento que es "bueno" para el sector, pero que no está exento de "incertidumbres".

Respecto a la recuperación de los fondos para los comités de empresa -eliminados del convenio anterior-, Fitas remarcó que un 90% de estos se invierte en gastos "sociales" -ayudas para compra de material escolar o cestas de navidad- y afirmó que solo se ha interpuesto una denuncia por uso irregular de estos recursos y que ha sido archivada. De cualquier manera, y "para que no haya lugar a malas interpretaciones" -según Marichal-, en esta ocasión las empresas serán "corresponsables" de la gestión de los fondos.

Al margen de la mejora salarial, el acuerdo establece la obligación para las empresas de medir los tiempos de trabajo de las camareras de piso en sus controles diarios y adaptar las categorías salariales al convenio nacional.

El sindicato UGT explicó ayer las razones de su negativa a firmar el nuevo convenio colectivo provincial de la hostelería. La organización sindical destacó que la revisión salarial recogida en el documento se encuentra "muy por debajo" de su propuesta, que se cifraba en un 23% en cinco años.

Al igual que CCOO, que tampoco ha respaldado el acuerdo, UGT perseguía que el convenio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fuera "de máximos", a semejanza del de Las Palmas, de manera que la aplicación de mejora de condiciones retributivas no dependa de los pactos a los que se llegue con las empresas. "Queremos que se reconozcan los derechos en el convenio y que lo que quede para negociar dentro de la empresa sea lo mínimo", indicó Tomás Ramos, miembro de la comisión negociadora.

UGT cuestiona, asimismo, que el nuevo convenio recupere los fondos para comités de empresa, un hecho que atribuye a la intención de "mantener un sindicato" -en referencia a Sindicalistas de Base-, y sostiene que estos recursos deberían revertir en "mejoras para los trabajadores".