El Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura) ha presentado hoy en los juzgados de la isla una querella contra su anterior alcalde, Pedro Amador, al que acusa de delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros.

Según figura en el escrito de la querella, el Consistorio atribuye a su ex alcalde y a un asesor de este la comisión de delitos de tráfico de influencias, malversación, deslealtad profesional, falsificación de documentos públicos, administración desleal y usurpación de funciones públicas.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que la decisión de presentar esta querella tiene su origen en el reconocimiento por parte del Consistorio a la entidad Nombredo SL, a través de los decretos dictados por Pedro Amador, de una serie de gastos de mantenimiento y otros servicios relacionados con la urbanización Origo Mare.

Se trataría de un importe de 439.043,45 euros en concepto de abono de facturas, y otros 26.807,70 euros en concepto de indemnización, lo que suma 465.851,15 euros en total.

Estas resoluciones estuvieron avaladas únicamente por los informes de un asesor externo, Xavier Salas Martín, algo que los actuales gestores de la corporación consideran "un cauce ajeno al prescrito por la ley", llevado a cabo "de modo arbitrario y sin informe preceptivo alguno de funcionario municipal".

La querella detalla que el proceso de reconocimiento de esa deuda, supuestamente, no tuvo en cuenta la prescripción legal de los abonos anteriores al año 2014, de manera que el quebranto a la Hacienda Municipal no sería inferior a los 229.490,84 euros.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco (CC), ha declarado que "en todo momento nos encontramos ante presuntos delitos, de manera que será la Justicia la que determine si existe o no responsabilidad en los hechos denunciados".

Blanco ha manifestado que, desde que entró a gobernar hace un año y medio, siempre ha tratado de mantenerse "al margen de las numerosas causas judiciales que arrastra esta institución", porque considera que "dañan la imagen del Ayuntamiento y de todo municipio".

No obstante, ha indicado que "ante la gravedad de la información recopilada" estaban "obligados a acudir a la Justicia para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, si las hubiera, pues se trata de un posible quebranto económico a las arcas municipales y, por extensión, a los intereses de todos los vecinos y vecinas de La Oliva".