La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la orden por la que se convocan subvenciones para potabilizadoras y gestoras de pozos para riego agrícola, destinadas a la ejecución de actuaciones para garantizar una gestión eficiente del agua dirigida a este fin, y dotadas con seis millones de euros.

El objetivo de estos fondos, que son compatibles con otras ayudas o recursos concedidos para el mismo propósito, es establecer un sistema de compensación a favor de los agricultores que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada, hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio español, así como del agua de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos y galerías.

El consejero del área, Narvay Quintero, recordó que el regadío supone casi un 70% de la superficie cultivada de las Islas y explicó que esta partida, " que viene a dar respuesta a una demanda de los agricultores", se logró durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

"Desde el Gobierno de Canarias hemos enfocado estas subvenciones, que buscan un abaratamiento del agua y promover una mayor eficiencia energética, para que sean percibidas de forma directa por los agricultores y sean fruto del diálogo y la aportación de todos los beneficiarios con el fin de establecer una fórmula eficaz de reparto que pueda usarse en años venideros, en los que la convocatoria se verá agilizada", añadió Quintero.

Reticencias a la factura electrónica en el sector primario

El sector agrícola-ganadero junto a la minería, la caza y la pesca son los más rezagados en cuestión de factura electrónica. Solo un 3,14% de estas empresas utilizó el formato electrónico para la emisión de sus facturas y un 2.78% para la recepción en 2017. A pesar de este porcentaje tan reducido, el uso de la factura electrónica en el sector primario creció ligeramente respecto a 2016, un 0.29% en la emisión y un 0.24% en la recepción. Los datos los aporta un estudio realizado por Seres, pionero y especialista en soluciones de intercambio electrónico seguro de documentos.

CCOO organizó ayer en Las Palmas unas jornadas de debate y posicionamiento ante la reforma de la Política Agraria Común (PAC). El sindicato también analizó su segundo pilar, el Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) y sus objetivos para 2017-2020. La iniciativa pretendía dar a conocer propuestas sobre la próxima reforma de la PAC y la estrategia hasta el año 2020 ante el Programa de Desarrollo Rural. CCOO considera que la reforma de la PAC no se puede hacer al margen los trabajadores y trabajadoras asalariados cuenta ajena del campo, que en el Estado suman más de 800.000 personas y en Canarias más de 15.000. Igualmente, el sindicato cree que las futuras ayudas europeas deben condicionarse al mantenimiento y a la creación de empleo estable y de calidad en el sector agrario.