La consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, anunció ayer, en comisión parlamentaria y ante las afirmaciones y preguntas del PSOE, que investigará si los cabildos están aplicando decretos distintos sobre el copago en plazas de dependencia. La diputada socialista María Teresa Cruz Oval sostiene que, pese al acuerdo tácito entre los partidos para no aplicar el decreto regional 93, de 2014, y sí el 236, de 1998, algunas islas sí optan por el segundo y esto implica mayores pagos por parte de los usuarios del servicio.
Si bien prefirió no especificar qué cabildos lo hacen durante sus distintas intervenciones y aunque recalca que la clave pasa por las insuficientes aportaciones del Gobierno regional a esta prestación, Cruz Oval aclaró luego a El Día que, por ejemplo, el de La Palma aplica el 93 y el de Tenerife, el 236. En el primer caso, sí se determina la capacidad económica de los dependientes (no pueden pagar más del 90% y los que cobran 587 euros o menos están exentos), mientras que el otro no, "con lo que es más lesivo". Por eso, preguntó si le consta a la consejería estas disonancias y pidió aclarar si hay uno o 7 sistemas, así como celeridad para fijar el precio de las plazas de día o residenciales, pues la espera es ya de 12 años.
A Valido le sorprendió este planteamiento, recordándole que el PSOE dirigió durante dos años esta área y que no solo no planteó o abordó esto (al menos no ha hallado documentos), sino que asumió que lo ideal era instar a cumplir el decreto de 1998 porque, de lo contrario, se podría ahogar a las entidades del tercer sector y abocarlas, en muchos o todos los casos, a cerrar residencias. No obstante, dijo que indagará con la Fecai si se están produciendo esos desfases, al tiempo que recordó las dificultades que hubo en Canarias para adaptar el sistema que ya avanzaba de dependencia a la ley de Zapatero y cómo se han mantenido los servicios y hasta creado más residencias pese a la crisis.
Cruz Oval, por el contrario, asegura que existe "copago, repago y hasta requetepago". Según los datos que esgrimió, una persona que percibe la pensión mínima, de 639,28 euros, aporta 453 si es dependiente de los 650 que cuesta de media la plaza en las Islas. Esto supone un porcentaje del 69% del total, por un 12% de la Comunidad junto a los cabildos y un 19% del Estado. Además, los que cobran la pensión más alta abonarán por encima de esos 650. Esto hace que, respecto a la mejor comunidad en este ámbito (Castilla León), una plaza residencial para grado 3 de dependencia cuesta en Canarias 65,32 euros por 49,15 en esa otra comunidad, un desfase de 16 euros que, en caso de no estar amortizada la plaza, se eleva a 28.
Valido recalcó que la clave radica en la financiación y que la nueva ley de Servicios Sociales permitirá actualizar los precios y la cartera, dejando para el pleno el caso de los 29.000 euros cobrados de más en Agüimes.
Además, Podemos advirtió en la comisión de la creciente pérdida de poder adquisitivo en las Islas y la presidenta de la Asociación Plataforma Ciudadana Viviendas Sociales en Lucha censuró la falta de avances en sus exigencias.