El Grupo Popular en el Parlamento de Canarias tiene previsto extender una disposición añadida a los presupuestos regionales de este año al nuevo estatuto de los altos cargos. Lo hará en el periodo de enmiendas del nuevo régimen, cuyo plazo expira el 17 de este mes, aunque seguramente se ampliará, y con el objetivo de hacer más atractiva la política a los profesionales más destacados en sus ámbitos. Así, y de respaldarse la idea de los conservadores, los jueces, médicos o cualquier otro profesional públicos o privados cobrarán lo mismo como diputado que en su anterior trabajo, aunque esto suponga alterar el tope ahora existente para los 60 representantes en la Cámara (un diputado raso tiene ahora un sueldo mensual de 3.906.72 euros, sin añadir los extras y dietas).

Según subraya a El Día Luz Reverón, que prepara las alegaciones del PP, buscan evitar que cada vez sea más difícil que los profesionales más prestigiosos entren en la política parlamentaria, aunque considera que es un mal generalizado y que habría que tomar medidas similares en el resto de instituciones. A su juicio, y con los topes salariales en España y Canarias para los representantes (por debajo de la media de países similares), se ha logrado alejar a lo mejor de la sociedad de la política, hacerla solo atractiva a los funcionarios con la vuelta asegurada a sus labores y nivel de vida previos, incentivar la mediocridad y el "profesionalismo" político de personas que difícilmente triunfarían tanto por sus méritos en otros ámbitos.

Para el PP, hay que revalorizar la política, alejarse de la demagogia de los sueldos y del tópico de que se cobra mucho y acercarse a otros países, e incrementar la exigencia ética.

Los populares ya votaron a favor del cambio introducido por el Gobierno regional en el texto inicial elaborado por el entonces consejero de Presidencia, el socialista Aarón Afonso, para regular los altos cargos. Esa modificación permite que consejeros como Pedro Ortega o José Manuel Baltar puedan regresar a sus empresas previas sin necesidad de esperar dos años. La medida contó con el respaldo, a su vez, de NC y ASG, pero el no del PSOE y Podemos, que consideran imprescindibles 20 años, sobre todo ante procesos como la concertación sanitaria.

Reverón no entiende cómo se puede limitar la vuelta al trabajo tras una excedencia, aunque duda sobre las advertencias del PSC y Podemos respecto a Baltar. Por eso, anuncia que lo analizará a fondo con Australia Navarro y no descarta que se aplique también lo de los 2 años, "que es lo que está en la legislación estatal". Eso sí, cree que se trata de un terreno muy difuso (más allá de las incompatibilidades establecidas), sobre todo porque Baltar se ha abstenido de participar en la creciente concertación con su anterior clínica (fue gerente), al tiempo que resalta que Afonso "casi copió literalmente la norma estatal".

Discrepancias sobre los dos años para el reingreso

Socorro Beato (CC) confía en que el PP no recule sobre la vuelta a los trabajos previos. A su juicio, basta con que Baltar no participe en los procesos que afectan a su anterior empresa, pues no se le puede impedir que vuelva a su compañía porque "se le conculcarían derechos básicos". En el PSOE, Gustavo Matos no lo ve así y cree que ese margen es clave para minimizar las suspicacias de que las empresas se beneficien de la posición de un empleado. A su juicio, el cambio fue pensado expresamente para Baltar y Ortega, visión que no comparte Reverón, quien cree difícil legislar de forma ad hoc para personas en concreto. En lo que sí hay acuerdo es en incrementar el control sobre los currículos, aunque no ha habido grandes falsedades.