La Audiencia de Las Palmas condenó ayer a dos años y cuatro meses de cárcel al director general de Industria de Canarias en 2004, Celso Perdomo (PP), por haberse dejado sobornar por empresarios que querían amañar el concurso de reparto de parques eólicos convocado en las islas.
Esta sentencia cierra, en primera instancia, el primero de los grandes procesos judiciales abiertos por corrupción en Canarias a partir del año 2000, al declarar acreditado que tres empresarios compraron al director general de Industria y a un alto funcionario de su departamento para obtener información privilegiada del concurso y recibir un trato de favor en la asignación de potencia.
Perdomo y su mujer, Mónica Quintana, condenada a once meses de prisión, eran los únicos de los seis procesados en esta causa que defendieron su inocencia durante el juicio, porque tanto los empresarios Enrique Guzmán, Alfredo Briganty y José Antonio Esquibel, como el funcionario Honorato López se declararon culpables de cohecho al inicio de la vista y reconocieron la veracidad de los hechos que les imputaba la Fiscalía Anticorrupción.
Este fallo se dicta después de que, a mediados de julio, un Jurado declarara probado que Perdomo filtró información privilegiada a varias empresas y se dejó sobornar por los representantes de dos empresas (los procesados Guzmán, Briganty y Esquivel, que confesaron los cohechos), para garantizarles que saldrían favorecidos en el reparto de parques eólicos que iba a hacer el Gobierno canario. El entonces director general de Industria del Gobierno de Canarias cobró 23.452 euros de Guzmán en una cuenta abierta a tal fin en un banco de Luxemburgo por Mónica Quintana y 12.700 euros de Esquivel y Briganty, además de recibir la promesa del primero de ellos de que se le transferiría un paquete accionarial. El amaño del concurso no fue posible porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló su convocatoria por varias irregularidades, pero Perdomo pactó con los mismos empresarios mantener el trato de favor prometido.