El Parlamento de Canarias aprobará el miércoles de la próxima semana, de forma definitiva pese a que aún quedan algunas enmiendas vivas, la ley que regulará la instalación y normas de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos en Canarias. Una normativa que, en virtud del acuerdo entre CC, PP y ASG, permitirá una liberalización total y, por tanto, máxima competencia según las leyes del mercado en las principales islas.
Según explica a este periódico la diputada nacionalista Socorro Beato, han optado por un texto liberalizador y sin grandes restricciones para evitar los problemas surgidos en Cataluña y atendiendo a las normas de la UE y de la libre competencia.
Esto hará, según temen grupos como el PSOE, Podemos y NC, que pueda haber muchas estaciones en zonas como el área metropolitana de Tenerife y, en cambio, menos opciones en otras comarcas de las Islas. Por eso, la izquierda planteó una territorialización para garantizar los equilibrios y que, además, no haya más riesgos de pérdida de calidad laboral para los trabajadores. Para estos grupos, según se remarca desde el PSOE, lo lógico era permitir las estaciones en función del número de vehículos empadronados en cada comarca y las poblaciones.
Sin embargo, Beato subraya que las condiciones laborales estén garantizadas y que plantear limitaciones habría supuesto altos riesgos de demandas y de judicializar el proceso.
Eso sí, la representante de CC subraya que los equilibrios no estarán en riesgo en islas menores como La Gomera o El Hierro porque se establecen condiciones ventajosas para que las distintas empresas apuesten por instalarse y que, en todo caso, se fijarán como servicio público si quedan desiertas las concesiones que vayan publicándose.
A falta de abordar las enmiendas pendientes, la nueva ley entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).