La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, a cuyo frente se encuentra Cesáreo Rodríguez Santos -dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad regentada por José Miguel Barragán-, ha sido condenada por el Juzgado de Lo Social número 5 de Las Palmas por el incumplimiento sistemático de las normas de prevención de riesgos laborales respecto a una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.
Dicha condena comprende el pago de daños y perjuicios a la víctima, así como su traslado a otro órgano judicial debido al acoso laboral sufrido.
Así lo anunció ayer la Sección Sindical de Justicia de Intersindical Canaria, que considera que esta sentencia "es reflejo de la desidia que el Gobierno de Canarias ha venido perpetrando respecto al personal de ese órgano jurisdiccional".
Este pronunciamiento judicial, si bien no directamente, "deja señalados a los culpables del daño a la salud sufrido por esta compañera, que ni la jefa de servicio en su día destinada en esta Dirección General ha querido o podido solucionar, ni los gerifaltes del Servicio de Prevención de la Comunidad Autónoma han querido atender, lo que constituye un claro desprecio a la salud de los trabajadores", señala la organización sindical a través de un comunicado.