El Ministerio de Hacienda cerró ayer la puerta a que Canarias pueda invertir su superávit en la mejora de los servicios públicos esenciales, una negativa que ha llevado al Gobierno regional, tal y como había advertido, a rechazar los objetivos de déficit y deuda pública, expuestos ayer por el Ejecutivo central durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A juicio de la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, estos objetivos "son profundamente injustos por no atender a las demandas de las administraciones que han cumplido con la ley durante los últimos años".

"La ampliación del objetivo de déficit para 2019 es ineficaz por dos motivos", sostuvo Dávila. "Las autonomías que tienen superávit o que cumplen los objetivos de déficit no podrán incrementar su capacidad de gasto para financiar los servicios públicos esenciales mientras esa ampliación no vaya acompañada de la territorialización de la regla de gasto", detalló. La segunda razón -añadió- es que elevar el objetivo de déficit solo permitirá a las incumplidoras seguir endeudándose para financiar los servicios públicos, y a los que tenernos recursos propios nos limita su utilización mediante la regla de gasto".

"Hoy hemos vuelto a ser testigos de cómo se premia a quienes se han saltado los objetivos establecidos -señaló la consejera, a través de un comunicado, tras participar vía telemática en la reunión del CPFF-, mientras se decide castigar a las autonomías y corporaciones locales que han respetado los objetivos de estabilidad contribuyendo a la mejora económica del país".

La aprobación de la propuesta, que ahora seguirá su trámite parlamentario, impide "finalmente" que Canarias destine 598 millones de euros a mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales en las Islas. A juicio de Rosa Dávila, esta es "una postura difícil de entender para la ciudadanía, a la que se ha trasladado que incumplir tiene premio".

La consejera recordó que "el Gobierno de Canarias nunca ha estado en contra de una senda más flexible para las autonomías que aún tienen dificultades para rebajar su déficit y su deuda", pero no entiende que no se eliminen las restricciones que supone la regla de gasto para las comunidades autónomas cumplidoras, como el Archipiélago.

"La reivindicación de las Islas es que se territorialice la regla de gasto para atender a las necesidades singulares de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta especialmente el esfuerzo fiscal realizado por cada una de ellas. Mientras no sea así, el Gobierno de España estará condenando a la ciudadanía de Canarias a poder aplicar 598 millones de euros en los presupuestos de 2019 y así mejorar los servicios públicos esenciales", abundó.

Dávila insistió en que destinar este presupuesto a inversiones financieramente sostenibles "no es una solución ni de presente ni de futuro para Canarias, porque no permite utilizar los 598 millones para sufragar los servicios públicos esenciales".

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó ayer, por segunda vez, los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías para el próximo trienio que ya aprobó a mediados de julio y con la única novedad de la Comunidad Valenciana, que pasó de la abstención al voto favorable.

De hecho, la Comunidad Valenciana votó a favor de suavizar el déficit a cambio de medidas que supondrán 850 millones de euros adicionales para la región valenciana. Entre ellas destaca el acuerdo por el que el Estado asumirá la deuda del Consorcio Valencia 2007, que ronda los 350 millones de euros

La votación de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para aliviar el déficit autonómico (2019-2021), que fue rechazada por el Congreso el 27 de julio, volvió a contar con la oposición de las cinco comunidades gobernadas por el PP y Canarias mientras que votaron a favor las siete comunidades socialistas y Cantabria.

Por tanto, los objetivos de estabilidad y deuda pública aprobados, que fueron votados por primera vez de forma telemática, pasarán al Consejo de Ministros, donde serán ratificados mañana.

De nuevo Cataluña ha rehusado participar en el Consejo y ha excusado su presencia con una carta enviada por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que argumenta que las relaciones económicas entre la Generalitat y Estado deben dirimirse de manera bilateral.

Las comunidades gobernadas por el PP, que se opusieron a la propuesta del Gobierno, justificaron su voto en contra con los mismos argumentos que hace un mes.

Canarias, que también repitió el voto en contra, reiteró que rechaza la propuesta del Ministerio porque "castiga a las administraciones cumplidoras".