La diputada y portavoz del PP en Asuntos Sociales en el Parlamento de Canarias, Pepa Luzardo, ha informado este miércoles que presentará una interpelación a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico, Cristina Valido, por el "desastre de gestión" con la publicación de las ayudas de vivienda en agosto.

Luzardo indicó que con esta interpelación que realizará en el primer pleno de septiembre, el PP busca "obligar" al Gobierno de Canarias "a tomar medidas" en el área de Servicios Sociales. Además exigió la ampliación del plazo de convocatoria en vivienda "a 30 días, tanto en las ayudas al alquiler como en las de rehabilitación de edificios, para que la gente tenga más tiempo en solicitarlas", según informó el PP en nota de prensa.

En este sentido, consideró que es "impresentable que, por segundo año consecutivo, el Gobierno de Canarias aproveche" el periodo estival para publicar las bases de la convocatoria de las ayudas en materia de vivienda, señalando que el "único interés" de retrasar la convocatoria "es reducir el número de solicitudes para gestionar los fondos económicos restantes en otras materias que más le convengan".

Para Luzardo, el Gobierno de Canarias tiene "un problema de gestión" en el área social, señalando que "esto no se arregla relevando a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que ya van por cuatro responsables en menos de cuatro años, sino gestionando de manera correcta y eficaz". De todos modos, Luzardo culpó a Valido de ser la "máxima responsable de los males sucedidos" en las islas en materia social.

En este sentido, se refirió a la "cantidad de problemas" que tiene el Gobierno de Canarias "a pesar de contar con suficientes recursos económicos" en esta área.

"La Ley de Servicios Sociales la estamos cambiando al 100 por 100 porque no sirve, las ayudas en materia de dependencia solo llegan a 20.000 beneficiarios cuando hay 48.000 solicitantes, en discapacidad seguimos sin un Plan Integral que aborde el índice tan alto de desempleo que tienen las personas con diversidad funcional, y en pobreza contamos con 30 millones de euros, pero no existe estrategia para combatirla", apuntilló.