La ponencia de ayer sobre la ley de Memoria Histórica que prepara el Parlamento de Canarias dejó sensaciones bien distintas a las de hace dos semanas. Al menos, esa fue la conclusión del diputado más crítico hasta ahora con el deambular de la comisión y el texto que se estaba consensuando, Manuel Marrero (Podemos), quien considera muy relevante que los grupos hayan aceptado incluir un banco de ADN de represaliados de la dictadura franquista o de niños robados, si bien aún queda la gran diferencia de si se pone como año tope 1978, que es lo que defienden el resto de partidos, o su extensión a la democracia, dado que hay casos de niños robados hasta 2001 con los mismos métodos y protagonistas de esa aberración.
Los avances se tradujeron también en la satisfacción de una de las principales exigencias del colectivo Sin Identidad, que agrupa a personas que fueron arrebatadas a sus familias o entregadas a terceros desde orfanatos y con instituciones públicas mirando para otro lado o propiciándolo, tanto en dictadura como en democracia. La comisión que se creará para perfilar la ley incluirá a un integrante de esta entidad, así como otros 4 del resto de colectivos que promueven la recuperación de la memoria, la justicia y la reparación del daño causado en las Islas. Además, y ea algo muy resaltado por Marrero, se permitirá que una de estas personas sea elegida vicepresidenta de la comisión.
Los grupos decidieron ayer volver a reunirse la próxima semana para ahondar aún más en los acuerdos, que ayer se propiciaron con enmiendas conjuntas o aceptadas, a diferencia del rechazo total que, por ejemplo, recibieron las propuestas de Podemos durante la reunión previa.
Eso sí, el tope del año 1978 parece casi insalvable y Podemos anunció ayer que solo apoyará el texto final de la ley o artículos determinados si los respaldan también los colectivos de afectados. Para Marrero, y en declaraciones a El Día, Canarias debe aprovechar el hecho de que será la última comunidad española en aprobar una norma regional sobre memoria para incluir los artículos más avanzados de otras, como los de Navarra o Andalucía, que fijó esa fecha tope en la aprobación del Estatuto andaluz.
Frente a esto, el presidente de Sin Identidad, Raúl Rodríguez, prefiere ser más cauto que Andalucía porque, según subraya, allí se están desenterrando cadáveres sin intervenir la justicia, con lo que, a su juicio, se está perdiendo el peso legal de las pruebas de ADN. Por eso, y aunque insiste en la necesidad de ir más allá de 1978, cree muy relevantes los avances alcanzados ayer, que los grupos de afectados puedan intervenir para aportar mucha información, datos y testimonios, así como que se recurra al ADN para dilucidar o profundizar mucho en las investigaciones de numerosos casos.
Sin Identidad sigue recalcando que la norma regional debería parecerse al máximo a la Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en 2016, texto mucho más avanzado que el que contemplaban hasta ahora la mayoría de grupos. Por eso, Rodríguez se congratula de que fructificaran las reuniones de su colectivo con grupos como CC, NC y ASG durante la semana pasada para introducir cambios.
Precisamente ayer, y a la salida de la reunión, la diputada de CC Guadalupe González Taño se felicitó por los avances y, sobre todo, en lo relativo al ADN. Según subraya, buscan una ley de fácil aplicación y esto genera algunas dudas, por lo que han pedido asesoramiento para, por ejemplo, la retirada de símbolos y monumentos franquistas y si caben excepciones por razones artísticas o religiosas, si bien todo apunta a que, en este caso, dejarán gran parte de la decisión a los consistorios.
Frente a esta visión, Marrero cree que se puede avanzar mucho más y que, si no, al menos se ha de intentar en el Congreso. A su juicio, se debe trascender la ley de amnistía de la Transición para evitar casos como el del comisario franquista, torturador y violador de los derechos humanos y de los presos Antonio González Pacheco "Billy El Niño". Asimismo, cree que debería concretarse un régimen sancionador, así como plantearse si la ley regional ha de llamarse de Memoria Histórica o de "memoria integral", de manera que no deje fuera casos que se produjeron tras 1978 con los mismos métodos.
Sobre esto, Rodríguez subraya que, de momento, se podrán incorporar casos de nacidos antes de ese año, pero que fueron entregados a terceras familias en democracia.
La biomédica y otros puntos, aún pendientes
En la reunión de ayer no se planteó una de las últimas peticiones de colectivos como Sin Identidad: que la comisión incluya a una biomédica que contribuya en las investigaciones con el ADN en la búsqueda de represaliados enterrados en cunetas o fosas comunes, así como de niños robados. No obstante, es muy probable que se lleve a la reunión de la próxima semana o, en tal caso, que se incorpore en septiembre. Otra cuestión pendiente, y aparte de si el nombre de la ley incorpora o no la etapa democrática también, es si quedará reflejado el hecho de que Naciones Unidas sostiene que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, con lo que podría justificarse el cambio de la ley de amnistía para ir contra algunos casos, tal y como están haciendo países como Argentina o Chile, donde hace unos días se ha sentenciado a 45 años al asesino del cantautor Víctor Jara, hechos acaecidos durante los primeros días de la dictadura de Pinochet, pidiéndose a EEUU su extradición. Los colectivos insisten en que el país y los afectados no merecen una memoria "quebrada" y esperan que leyes como esta vayan mucho más allá de la estatal de 2010. Para los colectivos, resulta clave acceder a todos los archivos públicos y privados para esclarecer los casos, algo que, hasta ahora, ha sido muy difícil.