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El Gobierno doblará el presupuesto de la PCI en los próximos años

La reforma de la prestación incluirá nuevos perfiles El coste de las nuevas ayudas y del personal que habrá que contratar ascenderá a unos 130 millones de euros.
El Día, S/C de Tenerife
15/jul/18 6:01 AM
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El Gobierno doblará el presupuesto de la PCI en los próximos años

El Gobierno de Canarias prevé duplicar el presupuesto que invierte en la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en los próximos cuatro años, es decir, que pasará de los aproximadamente 62 millones que invierte de media al año a unos 130 millones.

El aumento de la cuantía servirá para incluir nuevos perfiles entre los beneficiarios y para contratar a personal que tramite las prestaciones, tanto en los ayuntamientos como en la dirección general que se encarga de ello en la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda.

La consejera del área, Cristina Valido, se reunió el viernes con la comisión ejecutiva de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para tratar los avances en la prestación canaria de inserción y el Plan de Empleo Social, donde "los ayuntamientos son imprescindibles colaboradores". La titular del departamento explicó que la negociación "marcha muy bien" y que la idea es hacer indefinida la prestación a determinados colectivos especialmente vulnerables mientras no consigan salir de la situación de precariedad en la que se encuentran. Hasta ahora, la PCI tiene una duración máxima de dos años de duración y presenta limitaciones para distintos colectivos, algo que han denunciado los sindicatos durante los últimos años. Algunas de las opciones que se contemplan es que la ayuda no tenga fecha de finalización para las familias con menores a su cargo y que se pueda compaginar con ingresos reducidos de empleos parciales.

En el debate sobre la nueva PCI participan los sindicatos, la administración y los empresarios, todos presentes en la Mesa de Concertación Social donde se abordó este asunto por primera vez.

El primer paso para hacer realidad la nueva PCI, explicó Valido, es aprobar antes de final de año la nueva Ley de Servicios Sociales, que permitirá a los ayuntamientos aumentar sus plantillas de trabajadores sociales en 2019. A partir de esa fecha se podrá aprobar la nueva PCI y hacerla más efectiva, tanto desde el punto de vista laboral -la prestación persigue la inserción- como desde el social -hay ciudadanos que necesitan ayuda y difícilmente podrán incorporarse al mercado laboral-. "Ahora mismo hay ayuntamientos que a pesar de tener dinero no pueden contratar por las limitaciones legales", advierte.

El Gobierno quiere que el incremento presupuestario se lleve a cabo de manera escalonada en ejercicios venideros y una vez que la Ley de Servicios Sociales esté funcionando.

La consejera insiste en la importancia de coordinar la dotación de la ayuda con la incorporación de nuevos recursos humanos, tanto en las plantillas de su departamento como en las administraciones locales. "No puede haber incremento presupuestario para la PCI si no tenemos en cuenta la otra parte", advierte.

La Consejería de Políticas Sociales abona cada mes alrededor de 8.500 nóminas, algunas unipersonales y otras, de mayor cuantía, para familias, pero es consciente de que hay ciudadanos que no pueden acceder a la ayuda, a pesar de que la necesitan. El debate está en torno a qué perfiles urge mejorar y cuánto cuesta esto a la Administración.