El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) exige a la Universidad el abono de la actualización de la paga extra aprobada por el Gobierno de Canarias y que ya han percibido los funcionarios de la Comunidad Autónoma en la nómima de este mes.
Este incremento salarial no ha sido asumido de momento por la institución académica. La gerente del centro, Lidia Pereira, explica que la ULL no puede acometer ese pago -cercano al millón de euros- porque no tiene "garantías jurídicas" de poder hacerlo y no dispone de un compromiso presupuestario por parte del Gobierno para abonar esta cantidad, que se "consolidaría".
La gerencia de la ULL ha mantenido conversaciones con responsables del Gobierno para tratar este asunto, pero de momento no existe un acuerdo.
"Hay un incremento de la paga extra para el personal de la Comunidad Autónoma que el sindicato quiere que se aplique. Asciende a más de 890.000 euros, una cantidad que se consolidaría", resume Pereira.
"Estamos hablando con la Comunidad Autónoma para ver si puede haber un incremento de las retribuciones y así poder hacer frente a este pago. Es cierto que cuando se hizo el Presupuesto y se asignó financiación a las universidades públicas, el Gobierno aportó algo más de financiación, pero se destinó a muchas otras actuaciones, por ejemplo, de mantenimiento, que esta Universidad necesita".
La responsable de las cuentas puntualiza que hay que dar ciertos pasos antes de reconocer el abono de esa cuantía. "La normativa que regula a los colectivos en la Universidad es distinta". La Comunidad Autónoma -añade- "no le ha pagado al personal laboral; si lo hiciéramos aquí, sería una desigualdad injusta".
A ello se une que "la Comunidad autónoma ha manifestado que no es de aplicación para los docentes universitarios".
CCOO considera, además, que se han dado "otros incumplimientos" en cuestiones que afectan tanto al personal docente e investigador (PDI) como al personal de administración y servicios (PAS) que trabaja en esta institución académica. Los incumplimientos "se extienden también a cuestiones propias de cada colectivo, sea PAS o PDI, funcionario o laboral".
Según un comunicado, "persisten los retrasos en las convocatorias de plazas de profesorado, así como en su resolución".
Amenazas de judicialización
CCOO considera que la lista "real" de incumplimientos es "casi interminable". El sindicato es consciente de que la segunda quincena del mes de julio no es el momento propicio para encontrar soluciones a estos asuntos ni para una negociación sosegada, pero prevén intensificar sus quejas cuando se reanude el período académico en septiembre. "Desde CCOO esperamos que se imponga la cordura y podamos evitar la judicialización, protestas y denuncia pública que puede producirse en septiembre si no hay un cambio inmediato, pero queremos dejar claro que si no es así, aplicaremos literalmente la instrucción que ha dado nuestro secretario general, Unai Sordo, a toda la Confederación Sindical de CCOO: "Si no hay acuerdo, el desacuerdo no será pacífico".