La Federación de Importadores y Distribuidores de Automóviles de Canarias considera que los usuarios de vehículos diésel deberían plantearse demandar a los ayuntamientos, comunidades o estados que prohíban circular y pide que las medidas que se adopten para retirar este combustible no tengan efecto retroactivo.

El presidente de Fredica, Rafael Pombriego, en referencia a las declaraciones de la ministra Teresa Ribera de que los vehículos diesel tienen los días contados, ha afirmado que los estados han permitido la fabricación de estos vehículos como su matriculación e insiste en que aun nada prohíbe fabricar y comercializar vehículos diésel en Europa.

Añade que establecer estas medidas discriminatorias supondrán un atentado contra el derecho de expectativa al uso pacífico de los miles de usuarios que han adquirido o adquirirán legalmente un coche diésel y que por decisiones posteriores de carácter político, aunque tengan una justificación medioambiental, "coartan su derecho a usar su automóvil, que ha comprado y por el que ha pagado y paga los correspondientes impuestos a la compra y al uso".

Pombriego considera que las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica son "temerarias" y generan incertidumbre entre entre los ciudadanos y preocupación en el sector de la distribución.

Señala que nadie se opone en el sector a un cambio hacia una movilidad más limpia y respetuosa con el medio ambiente, lo que ya está haciendo el sector, "pero los cambios no pueden ser a golpe de titular de prensa u ordenanza local".

Agrega que la industria requiere un periodo de adaptación razonable y no se puede cambiar la oferta de vehículos y la demanda de un día para otro.

"Se debería fijar una fecha a medio plazo para que fabricantes y distribuidores puedan realizar los ajustes pertinentes teniendo en cuenta la oferta y la demanda como todo el entramado económico y social que está detrás del sector" señala el directivo de Fredica.

En su opinión, se debe actuar igualmente de manera armonizada y lo que está ocurriendo en Europa "es un disparate" ya que, a su juicio, las ciudades o los ayuntamientos, incluso los estados, no pueden plantear políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía sin estar coordinados.

"Es absurdo que ahora cada estado en Europa o cada ente local establezca plazos distintos o prohibiciones locales de circulación de estos vehículos, de tal forma que un ciudadano pueda tener acceso con su vehículo diésel en unos sitios si y en otros no" agrega.

Entiende que la circunstancias lo aconsejen pero no se pueden generalizar políticas contra los vehículos diésel de manera sistemática sin ser conscientes de la realidad, añade.

l presidente de Fredica recuerda que si bien el parque móvil en Canarias no está dieselizado como en el resto de España existe una cifra importante de vehículos diésel fundamental en las actividades de autónomos y empresas.