El Gobierno canario comenzó ayer los contactos con los grupos parlamentarios para avanzar en el proyecto de crear una oficina antifraude en el Archipiélago, una iniciativa formulada por Podemos que el Ejecutivo se ha comprometido a estudiar. El primer contacto sirvió para constatar el apoyo de los grupos a la medida pero también para comprobar que su materialización está aún lejana.
El viceconsejero de Administraciones Públicas del Gobierno regional, Antonio Llorens, advirtió de que para impulsar la oficina antifraude es necesario primero efectuar un análisis "real" de en qué medida este órgano pudiera invadir competencias que ya tienen otros, como la Audiencia de Cuentas o el Comisionado de Transparencia. Asimismo, reconoció que no queda tiempo para aprobar el proyecto en esta legislatura, aunque el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se comprometió ayer a acordar en el mes de julio un "cronograma" para desarrollarlo. Llorens confirmó que el órgano dependería del Parlamento autonómico.
Al encuentro asistió -invitado por Podemos- el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunidad Valenciana, Joan Llinares, que detalló que el organismo depende del Parlamento y está compuesto por funcionarios de carrera y expertos "de prestigio".