La Universidad del Atlántico Medio ha sorteado todos los trámites administrativos y académicos que exige la ley y ya cuenta con seis titulaciones acreditadas oficialmente en todo el territorio español. La publicación de la autorización, ayer en el Boletín Oficial de Canarias, convierte este centro en la tercera universidad privada de las Islas, después de que la Universidad Europea de Canarias -la primera- y la Fernando Pessoa abrieran el camino.

El centro se ubicará en Tafira Baja, en Gran Canaria, en una sede distinta a la que estaba prevista en su ley de reconocimiento, y puede impartir hasta seis titulaciones reconocidas por el Ministerio de Educación. En concreto, está acreditada para impartir, con reconocimiento oficial (equivalente a una pública), tres títulos de grado -Cine, Comunicación y Protocolo y Organización de Eventos- y tres de máster -Riesgos Laborales, Acceso a la Abogacía y Dirección y Gestión Sanitaria-.

El Ejecutivo anterior fue el que aprobó la Ley 5/2015, de 26 de marzo, que reconoció a la "Universidad Internacional de Canarias", nombre inicial del centro. Todas las universidades privadas necesitan una ley de este tipo para poder instalarse.

La autorización del Gobierno, que tiene "carácter provisional", perderá sus efectos si transcurren cinco años -computados a partir de la entrada en vigor de la ley de reconocimiento- y no estuviesen en disposición de usar las intalaciones tal como contemplaba la ley de reconocimiento. Esta universidad nace a partir de la Escoex, una escuela internacional de negocios con largo recorrido en Gran Canaria.

El director general de Universidades, Ciro Gutiérrez, explicó que la Universidad puede impartir esas seis titulaciones, pero no quiere decir que todas vayan a iniciarse el próximo curso. Recordó que, además de este centro, hay otros -como la Universidad de las Hespérides y la Tecnológica de Canarias- que han solicitado instalarse en las Islas.

El director explicó que su departamento realiza un análisis previo de cada solicitud en el que se verifica que cumple con la normativa. "No reciben ni un euro de la Comunidad Autónoma", recalca.

El Ejecutivo no hace estudios de mercado porque son empresas privadas, pero, en función del número de alumnos previstos, exige "un aval económico para indemnizar a los estudiantes en caso de cierre". Gutiérrez considera que estos centros están interesados especialmente en la oferta de másteres.