La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, confió ayer en que la inestabilidad política que se ha desatado en el país tras la condena judicial al PP por el caso Gürtel y la presentación de una moción de censura por parte del PSOE puede afectar a la revisión del sistema de financiación autonómica, un proceso en el que el Archipiélago se juega superar el déficit de recursos que arrastra en relación a otras comunidades autónomas.

"No deja de ser preocupante", admitió Dávila en relación a la posibilidad de que las Cortes Generales se disuelvan y decaigan todas las leyes en trámite, entre ellas la del nuevo sistema de financiación. La consejera presentó -junto al viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas- las observaciones y propuestas del Ejecutivo regional al documento en el que todas las comunidades autónomas -salvo Cataluña, que no ha querido participar- han plasmado su posición en este proceso.

Ante el riesgo de que la situación que vive la política española dilate la materialización de un nuevo sistema de financiación que Canarias considera "crucial", Dávila hizo un llamamiento a la responsabilidad y al "sentido de Estado" de las diferentes fuerzas políticas.

El documento enviado al Ministerio de Hacienda recoge la principal demanda de Canarias: que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) no computen a la hora de acceder a los fondos del sistema, destinados a sufragar los servicios públicos. Ya las ponencias sobre la modificación de la parte económica del REF y sobre la reforma del Estatuto de Autonomía han incluido este aspecto, que por ello está "resuelto en el ámbito técnico y político" y que ahora debe ser objeto de negociación dentro de la revisión del sistema de financiación.

Además de la exclusión del REF, el centro de la propuesta del Gobierno canario es que el nuevo modelo esté regido por "una nivelación total", de manera que todas las comunidades dispongan de la misma financiación para cada necesidad, al menos en lo que se refiere a los servicios públicos esenciales. Con ello, el Ejecutivo persigue que el sistema financie "en igualdad de condiciones el coste de la prestación de los servicios para el conjunto de los españoles, vivan donde vivan".

Aunque no se opone a una reestructuración de la deuda para las regiones más endeudadas -Cataluña y Valencia, entre ellas-, Armas advirtió de que esto no puede suponer "un perjuicio" para las que se han comportado mejor, caso de Canarias.

Una "mayoría importante" de las comunidades autónomas se opone a la propuesta formulada por Canarias para que la atención a la dependencia sea incluida entre los servicios esenciales objeto de la financiación en el sistema, como ya lo son la educación, la sanidad y las políticas sociales.

Estas regiones -indicó el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas- prefieren aguardar a que se produzca la implantación "total" del sistema de atención a la dependencia financiado por el Estado.

El Gobierno autonómico pretende, asimismo, que el fondo de nivelación vertical -uno de los tres de los que consta el nuevo modelo y que se dirige a compensar las desigualdades que no logra nivelar el fondo básico- financie aspectos como la dispersión, la fragmentación o la insularidad, con lo que Canarias podría beneficiarse de estos recursos.