Canarias quiere incluir la dependencia en el nuevo sistema de financiación autonómica, además de la educación de 0 a 3 años, así como que "la nivelación sea total" en la cobertura de los servicios públicos de sanidad, educación y políticas sociales "vivan donde vivan" los ciudadanos.

La consejera de Hacienda regional, Rosa Dávila, y el viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, han presentado hoy en rueda de prensa las observaciones que han remitido al Ministerio sobre el sistema de financiación autonómica, que debería ser tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mediados de junio.

Ese encuentro, sin embargo, está pendiente de convocar y podría verse afectado por la situación de incertidumbre política derivada de la presentación de una moción de censura contra el Gobierno, admitió la consejera de Hacienda.

En el sistema vigente de financiación autonómica, que data de 2009, Canarias se sitúa ya cerca de la media española, gracias a que en los presupuestos del Estado de 2017 y 2018 se desvincularon los fondos que perciben las islas del Régimen Económico y Fiscal para compensar su ultraperiferia, así como por la supresión de la compensación del IGTE.

Pese al unánime acuerdo entre los partidos en que esa desvinculación del REF sea permanente, de momento hay que negociarla año a año en los presupuestos, hasta que no quede plasmada en la ley del Régimen Económico y Fiscal ni en la reforma del Estatuto de Autonomía, ambos en trámite en las Cortes, de ahí la preocupación del Gobierno de Canarias por un posible adelanto electoral.

"Ha sido importante llevar en paralelo la negociación del REF y la del sistema de financiación", dijo Rosa Dávila, para que quede plasmado en una ley y en el Estatuto de Autonomía, pero existe el riesgo de que los acontecimientos políticos "distorsionen la agenda" y se pueda dar un adelanto electoral, ya que si se disuelven las Cortes las leyes en tramitación decaen.

Pese a esa incertidumbre, la Comunidad Autónoma sigue trabajando con el calendario acordado, según el cual las comunidades tenían de plazo hasta esta semana para remitir sus observaciones sobre el borrador del informe del comité técnico permanente de evaluación de la financiación autonómica, antes de que a mediados de junio de reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El nuevo sistema de financiación previsto incluye un fondo básico para financiar los servicios de sanidad, educación y políticas sociales, que se nutrirá de los tributos más estables, como son el IRPF y el IVA, según los acuerdos alcanzados hasta ahora.

Canarias, en sus observaciones, defiende la integración plena de la dependencia en ese fondo básico de financiación como un servicio público esencial más, con recursos para cubrir el coste total de esa competencia.

También defiende Canarias que se financie por igual el coste de la prestación de los servicios públicos esenciales por igual a todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia.

El fondo básico debe cubrir además la educación de 0 a 3 años y la educación universitaria en función de la población en edad de cursar estudios superiores, de acuerdo con la posición del Gobierno de Canarias.

Además del fondo básico, el sistema de financiación autonómica en el que se trabaja incluye otro fondo complementario para financiar las competencias que no son homogéneas a todas las comunidades y un tercer fondo de nivelación vertical, en el que se definen las particularidades que afectan a cada comunidad, tales como la dispersión de la población, las dificultades orográficas, el envejecimiento o la insularidad.

La Consejería de Hacienda quiere incorporar en el informe técnico expresamente lo que ya se ha acordado en las ponencias que tramitan la ley del REF y el Estatuto de Autonomía, es decir, que la financiación autonómica no tiene relación con las compensaciones del REF por la lejanía y la insularidad, y por tanto ni se integrarán ni computarán en la misma.