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Música machista con apoyo público

Movimientos ciudadanos se movilizan para exigir que las actuaciones que denigren la figura de la mujer no sean promovidas desde instituciones públicas. El Instituto Canario de Igualdad estudia cómo hacerlo.
El Día
21/may/18 6:27 AM
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La música es machista porque la sociedad sigue siéndolo: perpetúa estereotipos y, en ocasiones, va más allá del mal gusto. Cada ciudadano gasta su dinero en aquello que quiere, pero ¿deben hacer lo mismo los ayuntamientos o los gobiernos? ¿Es ético que apoyen de alguna forma -con dinero, facilitando infraestructuras o difundiendo en la programación cultural- espectáculos que defienden comportamientos que denigran a la mujer?

El debate sobre si las instituciones públicas tienen que dar cobertura a eventos machistas no es nuevo, pero sigue sin resolverse. El Cabildo de Tenerife decidió el año pasado, ante la presión popular, retirar su aportación a un concierto de Maluma. El problema no acabó ahí. Igual que entonces, la celebración próximamente de dos conciertos de J. Balvin -uno el 11 de agosto en el marco de las Fiestas Trienales del Pino de El Paso, cuyo alcalde es Sergio Rodríguez (Coalición Canaria), y otro el 10 de agosto en Güímar, cuya alcaldesa es Carmen Luisa Castro (Partido Popular)- ha generado malestar en asociaciones y colectivos feministas del Archipiélago, que alertan de que estos eventos culturales recibirán algún tipo de apoyo público. Ya casi 500 personas han firmado una petición en change.org en la que se solicita a estas dos administraciones que no apoyen, de ninguna forma, estas actuaciones, que se difunden en páginas webs institucionales. Situaciones así se han repetido por todo el país desde que el feminismo ha decidido denunciar públicamente todo aquello que humilla a la mitad de la población.

Según los firmantes de la iniciativa, este tipo de eventos no cuadra con la promoción de la igualdad que hacen las instituciones canarias y lo previsto en las leyes de igualdad. "Nos parece incoherente y contrario a los derechos humanos y a la legislación vigente el hecho de que estos dos municipios den cobertura o patrocinen eventos que vayan en detrimento de la igualdad entre mujeres y hombres y potencien las agresiones sexuales, como entendemos que es el caso".

La directora del Instituto de Igualdad (ICI) del Gobierno de Canarias, Claudina Morales, considera que las instituciones públicas no deberían financiar este tipo de eventos, pero advierte de que no siempre es fácil saber dónde está el límite. El organismo que dirige está hablando con la Consejería de Cultura para estudiar qué opciones jurídicas son viables para limitar que estas manifestaciones artísticas no se produzcan bajo el paraguas de la Administración. "Lo ideal sería dejar claro en la contratación que la responsabilidad recae en la empresa promotora". Esta aclaración es necesaria, explica, porque muchas veces no se tiene conocimiento exacto sobre todas aquellas manifestaciones artísticas a las que se les da apoyo.

El profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL) Vicente Navarro Marchante es totalmente contrario a la promoción de este tipo de conductas, pero recuerda que el machismo no es un delito. "Me parece un disparate que una administración pública dé apoyo a actos culturales de este tipo", puntualiza. Pero, expresada su "opinión personal" sobre las decisiones de este tipo, recuerda la importancia que tiene para una sociedad garantizar la libertad de expresión, que en España y en Europa -"por fortuna"- se entienden en un sentido muy amplio. "Lo vemos en el Tribunal Constitucional, pero también en el Europeo de Derechos Humanos". Y recuerda lo que ocurrió con Otegui hace unos años, cuando llamó torturador al rey y fue condenado por el Supremo. Entonces Europa echó para atrás su decisión porque lo consideró una pena "desafortunada y severa".

Marchante cree que en general hay que tener cuidado con los intentos de poner coto a la libertad de expresión, porque una vez que se abre la veda se puede caer en una "ola de puritanismo". Señala que la ley castiga las conductas que van más allá de la libertad de expresión, como la apología a la violencia o el enaltecimiento del terrorismo. Con eventos de este tipo los límites, a priori, pueden parecer más claros, pero no las implicaciones legales. Y "¿qué ocurre cuando estamos ante una obra de teatro que deliberadamente quiere ser provocativa?", plantea.

"Soy partidario solo de reprimir o prohibir lo que claramente supera los límites que tenemos establecidos, pero una cosa es prohibir y otra subvencionar. Entre una cosa y otra hay un mundo".

El docente considera que jurídicamente las alternativas son reducidas, pero plantea la posibilidad de que en los pliegos de contratación se especifique, a modo de advertencia, que la Administración no es partidaria a apoyar iniciativas que denigren a la mujer. Propone, además, que los medios contribuyan a esta marginación social no dando espacio a estos actos.

Esther Torrado, socióloga de la ULL y directora de estudios sobre violencia machista, es más tajante. Considera que falta mucha formación en igualdad entre los juristas, lo que genera sentencias insatisfactorias hacia las mujeres, ya que "no visualizan la realidad social". "No se trata de limitar la libertad de expresión, pero es que la libertad de expresión tiene unos límites que en muchos de estos casos se sobrepasan". "No se puede apoyar nada que atente contra algún colectivo, sean las mujeres o una etnia".