Gobierno y oposición están de acuerdo en que la actual Ley de Servicios Sociales -que en abril cumplió 31 años- hace tiempo que dejó de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pero no en cómo debe ser la nueva norma. Ayer terminó el plazo para presentar enmiendas al anteproyecto y los diputados del Grupo Popular (90), Nueva Canarias (62), Podemos (100), ASG (41) y PSOE (19) presentaron 312 propuestas de modificación. Quieren otra ley, pero tampoco es la que ha llegado al Parlamento.

El texto que se consensúe tras su paso por la Cámara -con independencia de las enmiendas que se incorporen a lo largo del proceso- supondrá un cambio radical en la concepción de los servicios sociales en el Archipiélago, que dejarán de tener un carácter asistencial para convertirse en derechos y, como tales, podrán ser reclamados ante la justicia si se incumplen.

Sin embargo, para Podemos y Nueva Canarias (NC) este cambio conceptual no queda tan claro en el texto actual. Ambas formaciones han presentado enmiendas para que se elimine del documento la distinción entre derechos esenciales y no esenciales, ya que estos conceptos pueden dar lugar a la creación de "derechos subjetivos".

La ausencia de un sistema de financiación es otra de las grandes críticas que se hacen los grupos. Los diputados populares denuncian que la ley no tendrá ningún efecto si no viene acompañada de una "apuesta real" por los servicios sociales en Canarias, y eso pasa por más dinero para financiar servicios. El grupo anunció que no apoyará la norma si el Gobierno no multiplica por dos el presupuesto del área -es decir, "que pase de los 396 millones a 800"- y aprueba una nueva Prestación Canaria de Inserción (PCI) sin límite temporal para aquellas personas que lo necesiten y no consigan mejorar su situación en los dos años de plazo actuales.

Además de estas dos cláusulas, el PP también exige que se establezca un catálogo de prestaciones transparente, un nuevo sistema de concertación social, un marco competencial claro -qué corresponde a ayuntamientos y qué a cabildos- y que la ley lleve adherida una ficha financiera.

NC reivindica que en la nueva norma se incluya la creación de la renta básica canaria para que se ponga en marcha antes de que concluya la legislatura.

ASG, en línea con la demanda de los populares, cree indispensable que la nueva PCI no tenga límite temporal. Asimismo, aboga por que la ley establezca ayudas para sufragar los gastos de desplazamiento y de dietas de aquellos residentes en islas no capitalinas que deban acudir a otras islas para recibir un servicio obligatorio o realizar algún trámite asociado a estos servicios.