El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, volvió a aprovechar ayer la presentación de su informe de 2017, en esta ocasión en comisión informativa y a la espera de hacerlo en el pleno, para reprocharles a los diputados de los distintos grupos que estén más preocupados (obsesionados) por las carreteras y no por crear viviendas o desarrollar el pacto sobre infancia y el menor alcanzado en 2016 y del que "no se ha hecho nada". El expresidente regional critica que no exista aún un Plan Canario de Vivienda y, a preguntas de Manuel Marrero (Podemos), se mostró muy pesimista con cualquier regulación que se intente del alquiler vacacional.

Ante los perjuicios que este fenómeno de turismo alternativo está suponiendo por el encarecimiento de los alquileres, especialmente en zonas turísticas, para los trabajadores, el también exministro aventuró que el reciente decreto aprobado por Baleares, y que el PSC usa como referente, seguramente lo derrumbará el Constitucional. En su opinión, se trata de un ámbito muy difícil de regular, por más que el Gobierno canario también esté elaborando un nuevo decreto, y cree que cualquier propietario tiene las de ganar si esgrime su derecho a alquilar su propiedad, quedando en una frontera compleja de delimitar si se trata de turistas o no.

Por eso, y ante los y constantes beneficios del sector hotelero, insta a estos empresarios a crear viviendas en pro de sus trabajadores para paliar esa alza de los alquileres. Una alternativa que, en su opinión, no implica ninguna invitación a otra burbuja inmobiliaria, si bien sí es consciente de que buena parte de estas empresas instaladas en las Islas son de fuera y, por tanto, sacan sus beneficios al exterior.

Por lo demás, y como ya hiciera cuando entregó su informe a la presidenta de la Cámara, Saavedra insistió ayer en la idoneidad de su institución y el hecho de que, si bien sigue topándose con administraciones que no actúan como deben, cada vez se hace más caso a sus requerimientos en algunos ámbitos tras 7 años en el cargo. Eso sí, lamenta que, por ejemplo, un ayuntamiento, que no aclaró, tarde en exceso en proponer a la familia más idónea para una casa de protección y, al final, presente una lista de 30, lo que ejemplifica las trabas innecesarias que la administración impone, a veces, para resolver problemas básicos.

El Diputado del Común reiteró que, en 2017, se contabilizaron más de 20.000 actuaciones, 629 más que en 2016. Solo se redujeron las dirigidas a consistorios y predominan las relativas al Gobierno autónomo, quedando aún vivas 6 de 2013, lo que achaca a la falta de personal técnico, un mal muy extendido. Lamentó, sobre todo, las denuncias por la ayuda a domicilio, si bien reconoce una mejoría de la PCI. Además, hubo 257 quejas por administraciones que no responden, de las que 94 pueden transformarse en denuncias por obstrucción. En este caso, se haya el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha sido declarado obstruccionista por su actitud.

Aconseja que su sustituto no sea de ningún partido

Saavedra no quiso pronunciarse sobre la polémica por los frustrados intentos de sustituirle por el también socialista Rafael Yanes. Lo que sí hizo fue dar consejos sobre el perfil ideal, que no cumpliría nadie de un partido porque, a su juicio, conviene que no tenga ataduras a la hora, por ejemplo, de declarar obstruccionista a un consistorio gobernado por su exformación. Además, dijo que su titulación no es clave, pero que entre su equipo sí debe haber juristas, aparte de instar a aprovechar al personal actual. Sobre la renovación, Beato (CC) se mostró optimista con que se pueda retomar el consenso.