Más de 35 años después de asumir las competencias en materia de cooperativas, Canarias ha puesto en marcha el proceso para dotarse de una ley que regule este tipo de sociedades. Hasta el momento, el Archipiélago es la única comunidad autónoma que carece de una norma de estas características, por lo que se regía por la ley nacional.

El Gobierno regional aprobó el pasado lunes el informe que establece los principios que deben guiar la elaboración de su primera ley de cooperativas. El anteproyecto saldrá pronto a exposición pública. La iniciativa pretende actualizar la regulación en la materia e incluir "las peculiaridades de la realidad cooperativa" del Archipiélago con el objetivo de "flexibilizar al máximo" las posibilidades de "constitución, operatividad y maniobra" de estas sociedades y reforzar su "competitividad", un "valor esencial" para el sector, "pues en vano podría mantener sus valores sociales si fallase la eficacia y la rentabilidad propias de su carácter empresarial".

Así se recoge en la exposición de motivos del anteproyecto de ley. La norma declara de interés social para el Ejecutivo autonómico la "promoción, estímulo y desarrollo" del cooperativismo. Así, el texto "pretende que las cooperativas, sin perder las perspectivas sociales y comunitarias que caracterizan a este tipo de sociedades, se constituyan en un instrumento fundamental para el desarrollo económico de Canarias, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos societarios".

La futura ley tiene también como propósito promover la creación de cooperativas, consolidar las ya existentes y "generar empleo estable y de calidad". Este último es uno de los puntos esenciales de la iniciativa normativa, según se destaca en su informe de justificación. Estas sociedades, argumenta el documento citando al Consejo Económico y Social (CES) de España, presentan "mayor fortaleza y estabilidad en el empleo" en periodos de crisis.

"El modelo cooperativo se conforma como auténticas empresas, que pueden y deben ser rentables, combinando aspectos económicos con aspectos sociales y societarios", añade el informe, que resalta que el fomento de estas sociedades "se considera clave para favorecer y potenciar un desarrollo económico sostenible y socialmente responsable".

En el capítulo de la simplificación de trámites para facilitar el surgimiento y mantenimiento de estas sociedades, el anteproyecto de ley introduce, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, una reducción del número mínimo de socios de carácter indefinido de tres a dos.

Los sectores afectados por el proyecto normativo impulsado por el Gobierno de Canarias van desde la agricultura a las actividades culturales, pasando por la construcción, el comercio, la enseñanza, el transporte, la hostelería o las industrias extractivas y manufactureras.

En el primer trimestre del año pasado había 165 sociedades cooperativas dadas de alta la Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 3.112 trabajadores, y 110 en la de Las Palmas, con 1.566 trabajadores, según recoge la justificación de la ley.