El magistrado que investiga la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude por parte del exconsejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo (CACT) de Lanzarote Carlos Espino le ha fijado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 1,5 millones de euros.

En un auto hecho público, el juez Rafael Lis fija distintas fianzas a Espino y a otras cuatro personas que figuran en la causa abierta tras la querella presentada por la entidad CACT contra el exconsejero y exsecretario general del PSOE en Lanzarote, y en la que se personó en diciembre de 2016 como acción popular la asociación de juristas Jiménez de Asúa.

Según se señala en el auto, existen "poderosos elementos indiciarios" de la comisión de los citados delitos aún en instrucción y a la espera de practicar las últimas diligencias, por lo que debido a la "gravedad" de los mismos se fijan estas fianzas para asegurar la responsabilidad por parte de los sospechosos.

Así, el magistrado expone en sus razonamientos jurídicos que, en relación a las supuestas irregularidades que investiga sobre la adquisición de la cocina del centro de los Jameos del Agua y de otros servicios, se facturó de forma irregular más de un millón de euros, y de estas cantidades serían responsables civiles Espino y el empresario Antonio González Medina.

Según Lis, este empresario, afiliado al PSOE y en su día miembro de la ejecutiva insular del partido, era el administrador de la empresa Climafrical, así como de otras dos compañías, que facturaron a los CACT "sin ningún procedimiento de licitación" un total de 1.048.315 euros.

La empresa Climafrical facturó a los CACT entre 2007 y 2009 un total de 733.873, mientras que Instalaciones Govi SL y Castillo de Berrugo SL, también facturaron 159.112 y 155.329 euros, respectivamente.

El juez por ello fija una fianza al citado empresario González Medina de 1,3 millones de euros.

El magistrado impone además una fianza al periodista Mario Alberto Perdomo y a la empresaria Gloria Valenciano, quienes deben abonar 95.616 euros y 49.428 euros, así como al empresario Enrique Gutiérrez Farez, por un importe de 65.000 euros.

Los dos primeros eran socios de la mercantil "V&A", que facturó 38.021 euros a los CACT, a partir de un contrato que, sin embargo, era de 17.200 euros, por unos trabajos que "nunca se hicieron", apunta el instructor.

Perdomo además firmó tres contratos de asesoramiento con los CACT por un importe de 35.529 euros, entre octubre de 2007 y el 1 de mayo de 2009, sobre los que el magistrado observa los mismos indicios de delito.

En cuanto a la fianza que exige a Gutiérrez Farez, señala que se debe al contrato que suscribió con los CACT a través de su empresa "Red de Consultoría Tecnológica de nuevos mercados SL" para crear su página web por un total de 50.000 euros, cuando ya contaban con un portal. En este caso, el juez entiende que tampoco se respetó el procedimiento de contratación pública.

El magistrado sostiene que Espino fue ayudado por un empleado de los CACT, José Manuel Páez, para llevar a cabo los contratos que se suscribieron con González Medina y con Gutiérrez Farez.

El auto puede ser objeto de recurso de apelación ante la Audiencia de Las Palmas.