El 43% de los recursos alojativos que hay en Canarias para atender a personas con discapacidad consisten en residencias o centros de días, porcentaje medio que contrasta claramente con el 23% que se da en el resto del Estado, donde se ha avanzado más en el ideal de que ese sector poblacional, como pasa con los dependientes u otras afecciones, se desenvuelvan en sus propios domicilios o entornos cercanos, para lo que, por supuesto, se requieren servicios adecuados.

El contraste fue expuesto ayer, en la Comisión de Discapacidad, por la diputada socialista María Teresa Cruz Oval, quien subrayó que esos recursos deben ser una opción, pero no preponderantes. De ahí que pida una red más amplia y que se siga el ejemplo de las regiones que más apuestan por la atención cercana, como Castilla León y Castilla La Mancha, donde existen servicios complementarios en centros de día que reducen la utilización de residencias.

Además, solicita que los recursos en las Islas se adapten más a cada uno de los pacientes, apostando por la especialización y evitando desarraigos familiares en lo posible. También puso énfasis en la necesidad de mejorar las prestaciones para los menores con problemas de salud y en el hecho de un 30% de las 2.000 sin hogar usen albergues u otros recursos alojativos que no ofrecen servicios adecuados y acaban en las calles sin la correcta medicación.

A su vez, indicó que un 60% de los discapacitados que usan centros son hombres, mientras que un 40% mujeres, si bien las féminas son más en lo relativo a la salud mental. Asimismo, critica que no se cumplan ciertos decretos y que las familias tengan que recurrir a la justicia para acceder a los servicios, así como los cambios continuos de horarios o que no se abran en Navidad, Carnavales o Semana Santa, lo que no pasa en otras regiones, donde hay servicio de 7 a 20:00 horas frente a las 8 de las Islas.

La consejera del área, Cristina Valido, se limitó a responder a las cuestiones de la discapacidad, los centros y residencias (motivo de la comparecencia pedida) y admitió que el gran reto pasa por invertir la situación actual y que cada vez haya más atención en los entornos de cada persona.

No obstante, y en línea con Guadalupe González Taño (CC), recalcó los grandes avances que se han dado en esto en las Islas en los últimos 20 años, ya que antes, más bien, se intentaba casi esconder a estas personas y ahora se reclama atención específica para cada tipo de discapacitado. A su juicio, o se debe generalizar porque la red, en general, "está en muy buenas manos", porque la mayoría de los centros funcionan adecuadamente y porque muchos de ellos sí ofrecen servicios complementarios. Además, recalcó que no se debe desprestigiar de por sí a las residencias, pues algunas son ejemplares, y le recalcó a Podemos que los casos en los que se denigra la dignidad de la persona son excepcionales.

Según sus datos, hay 5.500 personas en plazas públicas, si bien cree clave la nueva ley de servicios sociales y el plan de discapacidad, que sigue confiando en que salga en un año, lo que presenta como un gran logro.

Adepsi, clave en la ley, apuesta por concertar

Tras Valido, y a petición del PP, intervino la directora de Adepsi, Natascha García, para dar su visión sobre la nueva ley social. Una norma aún pendiente pero que, según remarcó el PSOE, ha sido muy enriquecida por esta entidad que atiende a más de un millar de discapacitados. De hecho, de los 90 artículos que contenía, los elevó a 146 al presentar otros 56 y ser aceptados. Para García, la mejora de la atención a la discapacidad pasa, entre otras cuestiones, por una potenciación de la concertación, siempre que se haga el adecuado control, lo que fue muy bien acogido por CC. Según remarcó, no se trata de competir por precios, sino cumplir derechos y calidad, ajustándose al modelo y evitando desequilibrios territoriales. Otras claves pasan por la proximidad, especialización, el derecho a decidir por uno mismo, la planificación, coordinación y dotación económica pública.