La legislación de pesca crea conflicto entre el sector profesional y el recreativo

Los sectores de pesca profesional y recreativa de Canarias reclaman una reforma en la legislación de las actividades marinas y pesqueras de las islas. La ley que regula las artes y modalidades de pesca en aguas interiores - 154/1986, de 9 de octubre- fue impuesta hace 32 años, motivo por el que los diversos sectores pesqueros reivindican una nueva disposición para la pesca adaptada a las necesidades de la diversidad marina actual. Las controversias entre los grupos se centran en un reclamo de derechos dispares a la vez que mantienen unas preocupaciones similares.

En este sentido, el diputado de Podemos Francisco Déniz, entrevistado por eldía.es, secunda la demanda y establece la necesidad de cambio debido a la evolución del sector pesquero y la explotación de recursos en los últimos años. “Este interés debe enfocarse en la protección de las especies y en garantizar la recuperación de los recursos litorales”, pues, según señala el diputado, el incremento poblacional y la continua presión sobre el litoral han contribuido al deterioro del mar, punto en el que están de acuerdo todos los sectores implicados.

Por su parte, Ricardo Martínez, representante de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables (ACPESUR), expone que el mar de Canarias precisa de una nueva ley “adaptada a la presión que ejercen los pescadores y el resto de las actividades sobre la ecología y los ecosistemas de las islas”. Entre las propuestas fijadas por su sector, además del compromiso por recuperar la diversidad marina, se encuentra el aumento de las tallas establecidas, el correcto etiquetado del pescado para acabar con el furtivismo y la creación de zonas de amortiguación, entre otras.

La lucha de esta asociación se centra en la demanda de derechos iguales al resto de pescadores recreativos – caña y embarcaciones- y en la eliminación de la zonificación, que en el resto del país no se establece. Según apunta Martínez, la ley impuesta por el Gobierno de Canarias en el año 1986 “no posee ningún aval científico, biológico, social o económico que la acredite”, por lo que exige al Ejecutivo su justificación y posterior derogación si no existiesen motivos para su mantenimiento.

Esta zonificación, impuesta únicamente al colectivo de recreativos submarinos, limita que se ejerza su deporte en un 80% del litoral canario. El 20% restante se divide en 32 zonas donde se permite la pesca todos los días a excepción de 4 de ellas. Dos de ellas están en Tenerife y una en Gran Canaria y en ambas se restringe la pesca los fines de semana y festivos. La otra, en La Palma, con una restricción mayor, permite la pesca en un intervalo de seis meses. Asimismo, Martínez explica que estas áreas no son las más idóneas para la práctica de esta modalidad, catalogada como la más selectiva y sostenible, ya que “se encuentran en grandes arenales y cercanas a zonas de baño”.

De otro lado, Fernando Gutiérrez, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, propone constituir en el Parlamento una comisión de pesca para abrir un diálogo con todos los sectores implicados y reclama a los pescadores recreativos la elección de un representante de su sector.

Gutiérrez advierte de la existencia de “delincuentes del mar que atacan los recursos cometiendo ilegalidades, fraudes y robos a las arcas de Canarias”. Por ello, pide el establecimiento de dos días a la semana para la pesca a fúsil, para que esta “se asemeje al ocio y no al negocio”, y no ceder en derogar la zonificación. Indica que hay que erradicar el furtivismo y garantizar el sustento de los pescadores profesionales, de los que dependen miles de familias y el conjunto de consumidores. Al mismo tiempo, el presidente aplaude la labor de los nuevos vigilantes pero señala que son insuficientes para todo lo que ocurre.

A fin de solucionar el problema, Francisco Déniz propuso la realización de dos estudios –el año pasado- uno para justificar la zonificación y otro para acabar con el furtivismo, que, según él, “es el problema principal de todos los sectores”, pero aún no se han realizado.

El diputado señala que el problema principal está en que “no existe poder político que legisle las aguas que rodean las islas” ya que, el Gobierno de Canarias solo tiene legislación en un 0,4% de estas. “Un problema de soberanía” para Déniz en el que si el Estado reconociera a Canarias competencias sobre las aguas archipelágicas “tendríamos más control sobre nuestros recursos”.

Hacer las paces