El presidente de RTVC, Santiago Negrín, destapó ayer en la Comisión de Control del Parlamento de Canarias las intenciones de la oposición de ir a por una prórroga con el actual adjudicatario de los servicios informativos de la Televisión Canaria en lugar de seguir adelante con el concurso en trámite. Fue el portavoz de Podemos, Juan Márquez, quien verbalizó una propuesta dado que ni PP, PSC ni Nueva Canarias fueron capaces de poner sobre la mesa una alternativa a la presunta catástrofe que se avecina sobre la Televisión Canaria. Márquez reiteró su apuesta por una televisión pública y para ello propone un negociado con publicidad "puente" en el que una empresa dé el servicio durante un año mientras se monta un modelo público.

Sin embargo, Negrín le demostró que su propuesta no era sino "una prórroga encubierta". Según explicó, "ninguna empresa puede asumir una inversión de semejante tamaño y amortizarla en un año", por lo que le pidió al portavoz de Podemos "valentía" y que admitiera que su idea era dar luz verde a una prórroga al actual adjudicatario que lleva diez años prestando el servicio por un negociado precisamente por el procedimiento que está hoy en cuestión. "Insisto en que la prórroga es ilegal y además solo beneficia al actual adjudicatario", indicó el presidente de RTVC. "Le rogaría que me dijera usted, que diera la cara, y me dijera si propone que se realice una prórroga. Y después busque quién la firme", sentenció. Esta última petición se la trasladó también al portavoz de NC, Román Rodríguez, que no quiso responder ni dar alternativas porque, según dijo, "no pienso asumir ninguna responsabilidad política".

En su comparecencia solicitada por PP, PSC, CC, Podemos y NC, Negrín acreditó la legalidad del concurso de informativos y dio detallada cuenta de todos los hechos que rodean al procedimiento y de los argumentos que sustentaron sus decisiones. Así, insistió en que el concurso actual es improrrogable y denunció que las prórrogas ya concedidas se concedieron a cuatro años de finalizar el contrato y por los dos años al mismo tiempo y no año a año como exigía el pliego. "Y eso sí que es fraude de ley", manifestó.

También recordó los informes jurídicos que sustentan su condición de órgano de contratación y reprochó a algunos grupos parlamentarios la cruzada que ha tenido como consecuencia la erosión de la marca de RTVC desde que anunciara el pasado 24 de marzo el inicio del proceso. También les reprochó la dejación de funciones por parte de la Cámara, que no ha aprobado el Mandato Marco ni renovado las plazas del Consejo Rector vacantes desde 2015.

Negrín insistió en que solo una empresa, precisamente la actual adjudicataria, Videoreport Canarias, ha denunciado en todo tipo de foros, administrativos y jurídicos, el concurso de informativos y que tan solo ha obtenido una respuesta favorable. Precisamente, una respuesta a la que se agarraron los grupos de la oposición para atacar al presidente de RTVC.

Por otro lado, Negrín explicó las motivaciones de la declaración de desierto, entre las que destacó que la presunta cláusula que se presta a confusión es exactamente igual a la utilizada tanto en el procedimiento abierto de 2007 como en el negociado de 2008. Además, reiteró que fue la mesa, de forma unánime, la que le pidió que tomara una decisión al respecto. Por último, motivó su propuesta de negociado sin publicidad con argumentos jurídicos y con el fin de no lesionar "los intereses de las empresas que han invertido esfuerzo, tiempo y recursos en participar en el procedimiento abierto" al dejar entrar a otros operadores del mercado audiovisual.

Sobre la declaración de la secretaria del Consejo Rector, Cristina Duce, que le advirtió de que podría estar cometiendo un "fraude de ley" al optar por un negociado sin publicidad en vez de con publicidad, Negrín defendió que, respetando el criterio de una funcionaria, esta no había aportado informe jurídico alguno y recordó que ella misma se había inhibido del procedimiento al pertenecer a la mercantil.

Para finalizar, Negrín confirmó que iba a seguir adelante con el concurso, "porque la Justicia no lo ha parado" y que tenía el deber y responsabilidad de dar estabilidad a los más de 700 trabajadores que dependen directamente de este servicio.