La Consejería de Sanidad ha aprobado un gasto de 220 millones de euros en conciertos con entidades privadas para cuatro anualidades completas (del 1 noviembre de 2018 al 31 octubre de 2020). Este nuevo gasto se aprobó debido a que, como afirma la consejería, "existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las partidas correspondientes al presupuesto de gastos de 2018 y siguientes".
De esta manera, desde que empiece el contrato, se contratará cada año esta asistencia sanitaria por un poco más de 54,8 millones. La orden, firmada por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (como suplente del consejero de Sanidad), acordó un gasto plurianual por importe de 220.184.545,40 que se dividirá en cinco pagos a partir de noviembre de este año. De tal forma que, en 2018 será de 9,8 millones -porque el contrato entra en vigor en noviembre-, en 2019, 2020 y 2021 de 54,8 millones y en 2022 de 45,7 millones.
Cabe resaltar que el presupuesto que Canarias destinará este año en conciertos sanitarios con las clínicas privadas ha aumentado en casi 10 millones, como resaltan los Presupuestos Generales de Canarias para 2018.
Una cantidad a la que también habría que añadirle los servicios que desde el Servicio Canario de la Salud (SCS) se externalizan para conseguir la cuantía total de conciertos. Aquí, por ejemplo, entrarían los 64 millones destinados a Gestión Sanitaria de Canarias (GSC). Esta empresa, al tratarse de una entidad pública de gestión privada, no se considera concierto sanitario, pero sí se deriva una cantidad importante del presupuesto del SCS a ella.
Según Guillermo de la Barreda, portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC), considera que todo está "terriblemente programado". La Barreda denunció que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, está provocando que, a su salida de la consejería, y al poder volver a ejercer inmediatamente en su puesto, se vea favorecido por esta medida.
Asimismo, criticó esta inyección presupuestaria al asegurar que se está comprometiendo el presupuesto de los años venideros. No obstante, la consejería en su pliego asegura que "el gasto efectivo estará condicionado por las necesidades reales de la Administración que, por tanto, no queda obligada a llevar a efecto una determinada cuantía de unidades, ni a gastar la totalidad del importe indicado".
De los 1.803 euros que los canarios gastamos per cápita en 2017 para servicios sanitarios, 523 lo destinamos de media a la privada. De esos 523, unos 402 salieron directamente del bolsillo del ciudadano, como señala la Fundación IDIS, en su informe "Sanidad privada, aportando valor. Análisis de la situación 2018".
No obstante, la comunidad autónoma es la tercera que menos gasta a este respecto, ya sea directamente del bolsillo de los canarios o mediante los presupuestos autonómicos.
Asimismo, y en cuanto a gasto sanitario público Canarias (4%), es la que presentó menor desviación respecto a lo inicialmente presupuestado. Concretamente, se presupuestaron 2.633 millones de euros y se gastaron 2.745 millones al final del ejercicio.
Y es que la sanidad privada en las Islas se ha convertido en todo un esqueleto vertebrador de buena parte del sistema sanitario. No en vano, el 59% de los hospitales del Archipiélago son de titularidad privada, tengan o no un contrato con la Administración pública. Una cifra que coincide con la de comunidades autónomas como Madrid, País Vasco y Murcia y que coloca a Canarias por detrás de Cataluña (69%), Asturias (64%) y Galicia (63%).
Si se analiza la proporción de hospitales y camas privadas sobre el número total de hospitales y camas, existen diferencias significativas entre comunidades autónomas. A nivel de camas, son Cataluña, Navarra y Canarias las que presentan un mayor porcentaje de camas privadas frente al total de camas con el 56%, 39% y 34%, respectivamente.
El sector privado en Canarias, como puntualiza IDIS, proporciona trabajo a 9.799 profesionales, de los cuales 2.006 son médicos, 2.559 son enfermeros y el resto, 5.234, perteneces a otras profesiones.