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Negrín seguirá adelante con el concurso de los informativos porque lo considera su deber

Santa Cruz de Tenerife, EFE
13/abr/18 16:04 PM
eldia.es
Santiago Negrín compareció hoy ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria en el Parlamento./Ramón de la Rocha (EFE)

El presidente del Consejo Rector de RTVC, Santiago Negrín, reafirmó hoy en el Parlamento su intención de seguir adelante en la adjudicación de los servicios informativos de RTVC pese a las advertencias de ilegalidad y afirmó que lo hace porque es su deber y su responsabilidad.

Negrín, en comparecencia ante la comisión de control de RTVC, aseguró que es competente para adjudicar el concurso por el procedimiento negociado sin publicidad, pese a que un juzgado haya considerado inicialmente que en el procedimiento de concurso la competencia correspondía al Consejo Rector.

"Tendrá que entenderse con la justicia y yo diría que hasta con la Guardia Civil", le advirtió el portavoz de NC Román Rodríguez, quien acusó a Negrín de ser "una marioneta al servicio de los intereses políticos del Gobierno" y de haber actuado ilegalmente "a sabiendas".

Rodríguez fue el parlamentario más duro con Negrín, quien se mostró molesto e insultado con la intervención del portavoz de NC.

El concurso, por 144 millones de euros y ocho años de duración, fue declarado desierto por Negrín en marzo ante la negativa de la mesa de contratación a seguir adelante por irregularidades.

El presidente decidió entonces continuar con la adjudicación mediante un proceso negociado sin publicidad que también ha sido recurrido al tribunal de lo contencioso administrativo.

Mientras en el caso del primer concurso un juez decidió suspenderlo cautelarmente por corresponder la adjudicación al Consejo Rector y no a su presidente, en el caso del procedimiento sin publicidad la decisión de suspensión cautelar está pendiente de la comparecencia de las partes en un plazo de diez días una vez rechazada la suspensión cautelarísima que había pedido uno de los tres concursantes.

En su comparecencia, Santiago Negrín señaló que su preocupación es que si no se adjudica el concurso el 30 de junio la televisión autonómica dejará de emitir por la imposibilidad de prorrogar el contrato actual, lo que dejaría sin empleo a 700 trabajadores.

Afirmó que es consciente de los intereses que subyacen tras un contrato de 144 millones de euros, pero aseguró que todas las decisiones que ha tomado en este proceso las ha adoptado con el respaldo de dictámenes de juristas de prestigio y de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias.

En su opinión, no hay más propuestas viables que la que él plantea para poder adjudicar antes del 30 de junio y afirmó que el reciente auto judicial le permite seguir adelante y es lo que va a hacer.

En el procedimiento sin publicidad concurren los mismos tres aspirantes que se presentaron al concurso y en las reuniones con los licitadores estará presente siempre un notario, anunció el presidente de RTVC, quien se mostró sorprendido por las afirmaciones de la secretaria del Consejo Rector y de la mesa de contratación cuando le advirtió en marzo de un posible fraude de ley.

En este proceso ha habido nueve resoluciones judiciales, todas a favor suyo excepto una, así que el negociado sin publicidad "es el plan que tengo y es un plan legal", insistió.

Los representantes del PP, Podemos y Nueva Canarias fueron muy críticos con Negrín y le responsabilizaron de la situación creada en la televisión canaria y de que sus procedimientos puedan llevar al cese de emisiones y a la pérdida de todos los puestos de trabajo en los servicios informativos.

La diputada del PP Luz Reverón calificó de "impresentable e indecente" una carta que Negrín ha remitido a la presidenta del Parlamento en la que responsabiliza a la Cámara legislativa por no haberle apoyado y así haber menoscabar la marca y generar incertidumbre en los trabajadores.

Acusó a Negrín de ignorar las advertencias de "fraude de ley" en sus procedimientos por parte de la secretaria de la mesa de contratación del concurso y le recordó que hay un auto judicial que dice que es evidente y clamoroso que la competencia de la contratación es del Consejo Rector, no de su presidente.

El diputado de Podemos Juan Márquez acusó a Negrín de pretender responsabilizar al Parlamento del "desastre ejecutivo y jurídico" al que ha conducido a RTVC, con riesgo para la continuidad de las emisiones y de los puestos de trabajo.

El representante de Podemos dijo que ahora la prioridad es salvar la televisión pública, para lo que propuso desprivatizar los servicios informativos y que se adjudiquen solamente por un periodo transitorio de un año mientras se replantea el modelo.

Román Rodríguez, portavoz de NC, afirmó que Negrín "tendrá que asumir las responsabilidades penales que le correspondan" por actuar al margen de la legalidad, empujado "por quienes le pusieron ahí".

"Esto está en manos de los tribunales, el Parlamento ya no tiene capacidad de reacción porque la mayoría no quiso actuar", lamentó Rodríguez, quien garantizó que su grupo "pone sus escaños al servicio de salvar la televisión pública y los puestos de trabajo", porque ni los ciudadanos ni los trabajadores tienen culpa de "la incompetencia" de Negrín.

Ese apoyo de NC al Gobierno para salvar la situación tiene una condición: que se queden "fuera" Negrín, Daida Rodríguez (directora de relaciones institucionales del ente) y José Luis Méndez, viceconsejero de Comunicación del ejecutivo.

La portavoz del PSOE, Dolores Corujo, señaló que el Parlamento ha fracasado en conseguir la normalidad en el Consejo Rector y pidió aclaraciones a Negrín sobre las advertencias de su secretaria de que está actuando "en fraude de ley", al que reprochó la falta de autocrítica, y le preguntó que hará si se anula el procedimiento de adjudicación en los tribunales.

Corujo criticó la carta de Negrín a la presidenta del Parlamento porque no es de recibo que cuestione la labor parlamentaria y afirmó que el modelo de su grupo es que los servicios informativos sean públicos.

Guadalupe González Taño, de CC, consideró que la ley de RTVC introduce "disfunciones" en la interpretación de quién debe ejercer la competencia de contratar, y señaló que se ha desatado una lucha política en este concurso que tiene al ente y a sus trabajadores como rehenes.

"Algunos grupos quieren hundir el barco para ser dueños de los restos", aseguró.

"A nosotros nos compete la critica política, pero no entrar sobre si tiene competencia o no, en todo caso que sean los juzgados los que determinen si se hace bien o no", dijo la representante de CC.

Melodie Mendoza, de ASG, pidió a todos responsabilidad y sentido común porque a nadie favorece un apagón.

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