El gasto público que Canarias destina a la educación ha caído 11,5 puntos con respecto a 2009, al inicio de la crisis, según un informe elaborado por Comisiones Obreras sobre el comportamiento de todas las comunidades y divulgado por la agencia Efe.
El sindicato subraya en el documento que la crisis económica y los recortes en el gasto público han supuesto "un fuerte incremento de la desigualdad social y un empeoramiento de las condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación".
Este escenario se ha repetido en todo el país, pero el Archipiélago, en concreto, ha mantenido un nivel de gasto público educativo frente al conjunto de las comunidades y al total del gasto educativo español que la sitúa ligeramente por debajo de la media en términos nominales. En cambio, en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) ha habido un retroceso, pero mucho menor que el de la media del Estado, y en los últimos años hay una leve recuperación.
Así y todo, el sindicato insiste en que no se puede obviar que "el sistema educativo canario ha sido afectado duramente este período de crisis".
Recuerda que este ha sufrido una pérdida importante de empleo público docente -más de 1.500 plazas-; unas ratios elevadas -en casos puntuales por encima de lo establecido legalmente-; grandes descuentos salariales de los profesionales de la educación que han generado una pérdida importante de su poder adquisitivo -aplicando descuentos incluso sobre el derecho de la salud de las y los docentes-; el aumento de horario lectivo de los docentes de Secundaria; la pérdida de recursos en la formación profesional aparejado a una bajada de la oferta presencial y de una injusta aplicación de los llamados horarios ponderados; el aumento del uso de horas extraordinarias, o la disminución del apoyo a las medidas de atención a la diversidad del alumnado. Aunque se ha ido recuperando levemente la inversión en educación en los dos últimos años, Comisiones Obreras considera totalmente insuficiente el presupuesto actual, cuando ya se habla de recuperación económica y es viable realizar un mayor esfuerzo en la inversión educativa que permita cumplir con la Ley Canaria de Educación.