María del Pino León lleva 16 años desempeñando distintos puestos de responsabilidad pública, primero en el Cabildo y desde hace un año en el Gobierno, donde dirige el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi). Funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma, explica en esta entrevista la situación de la vivienda en las Islas y avanza algunos de los objetivos previstos con el nuevo plan de vivienda, cuyas directrices fueron aprobadas la semana pasada en el Consejo de Gobierno.

¿Cómo ha afectado a los ciudadanos canarios no tener un plan de vivienda durante años?

En Canarias no ha habido plan de vivienda igual que no lo ha habido en el Estado, que en 2017 tuvo que hacer una prórroga del suyo. Lo importante es que ese periodo está prácticamente superado y ahora vamos a tener un nuevo plan que saldrá de un proceso muy participativo. Además, desde el instituto queremos hacer algo que nunca ha existido en Canarias, que es crear un observatorio para conocer mejor la realidad de la vivienda.

¿Cómo incide el alquiler vacacional a la hora de adquirir suelo para construir vivienda pública?

Siempre digo que en la problemática del acceso a la vivienda no hay que demonizar el alquiler vacacional. Estamos errando si hacemos eso. El alquiler vacacional está presente en todas partes, no solo en Canarias. Es una actividad económica y bienvenida sea, y si genera riqueza y empleo, más bienvenida sea, más en una tierra como el Archipiélago, donde la industria principal es el turismo. Pero dicho eso, hay que regularla, para que sea una actividad positiva para Canarias y no negativa, y una vez regulada hay que cumplir las reglas. Si hacemos eso -y lo hacemos bien-, no tiene por qué incidir en el acceso a la vivienda.

Pero de momento no ha sido así. La consejera ha reconocido que estaban teniendo problemas, por ejemplo en Fuerteventura y Lanzarote, para adquirir suelo o promociones casi terminadas, porque ahora es más rentable negociar con un fondo de inversiones.

Exacto, pero si está bien regulado no habrá injerencia, o muy poquita. Dicho eso, sí que es verdad que hay islas, como Lanzarote y Fuerteventura, donde el alquiler vacacional está incidiendo en el acceso a la vivienda. El sector que demanda vivienda se puede desagregar en tres bloques. Está la vivienda libre -las familias que pueden acceder al mercado, en alquiler o compraventa-, la vivienda protegida -la que incentiva el Gobierno a través de las viviendas protegidas de promoción privada, con precios fijos, para la población que tiene ingresos, pero aun así tiene dificultades por los precios- y la vivienda social -que es la única que hace el Gobierno y es para las personas en situación de exclusión social-. Tenemos un parque publico de más de 15.000 viviendas más las 4.528 viviendas de Visocan. Es decir, hay casi 20.000 familias alojadas en viviendas públicas, por eso defiendo que el Gobierno sí hace mucho en materia de vivienda.

¿Cuál es la previsión de construcción de vivienda pública?

Uno de los programas del plan será de fomento del parque público de vivienda, porque tenemos a 10.000 demandantes de vivienda, una cifra que ha ido creciendo durante la crisis. Pero antes de aprobar el plan, este mismo año, ya vamos a hacer cosas. En los últimos tiempos estamos recibiendo a muchos alcaldes dispuestos a ceder suelo y queremos hacer una bolsa de suelos disponibles. Luego, en función de la demanda y la disponibilidad presupuestaria, se hará una programación. Este año vamos a hacer varias actuaciones. Una en Arrecife, por la necesidad que tiene Lanzarote. El Ayuntamiento está en el proceso de ceder el suelo y tenemos 3 millones de euros para este proyecto. En la parcela que está en proceso de cesión, de 15.000 metros, caben 400 viviendas. Hemos propuesto al ayuntamiento que divida en dos el solar y una parte se ceda al instituto para que haga vivienda social -200- y en la otra Visocan haga viviendas de protección oficial de promoción privada. Las críticas que recibe Visocan son injustas. No se puede concebir la acción pública en vivienda sin empresa pública.

Las quejas son por el funcionamiento. La consejera se ha ofrecido a llevar al Parlamento las auditorías de Visocan.

Los últimos tiempos de Visocan no han sido muy buenos para cumplir su función, pero porque Visocan está en el punto de flotación de la crisis económica. ¿Qué le ha pasado a la construcción? Que se cayó, y si se cae, se cae todo lo que tiene que ver con la construcción. Visocan ya empieza a tener músculo financiero para abordar su función esencial, que es hacer vivienda protegida. Todo es revisable y auditable, pero creo que se está siendo muy duro con Visocan.

Se han propuesto promover el acceso a la vivienda en mayores de 65 años. ¿Cómo han detectado que hay un problema con este colectivo y qué se va a hacer?

Lo detectamos porque tenemos el registro de demandantes de vivienda, pero lo detecto aquí también todos los días, y también la consejera. Lo veo en persona, por escrito o a través del Diputado del Común: personas de mas de 65 años que no pueden acceder a la vivienda, y si acceden lo hacen en unas condiciones muy difíciles.

En Canarias este problema es mayor por el porcentaje de pensiones no contributivas...

Efectivamente. Creo que una sociedad, cualquier sociedad, y la canaria es madura en eso, no puede permitir que la población mayor de 65 años tenga dificultades para acceder a la vivienda. La sociedad tiene que poner medidas para facilitar el acceso a la vivienda a nuestros mayores.

¿Se ha olvidado el Gobierno de la emancipación juvenil durante la crisis?

El año pasado nos llegaron en agosto, a través de un crédito extraordinario, 26 millones de euros. Empezamos a gestionar en septiembre y en cuatro meses pagamos programas de Hipoteca Joven, Vivienda Usada y ayudas a promotores o a la autoconstrucción. Se pagó un montón de deuda pendiente, muchas en esa línea. Pero es verdad que cuando tienes pocos recursos tienes que priorizar a los que están excluidos de la vivienda, especialmente a familias con menores. No obstante, en el documento programático hemos incluido una acción específica para jóvenes: ayudas al alquiler para menores de 35 años.

El Diputado del Común ha alertado de los desahucios en casos de impagos de alquileres. ¿De cuántos casos de este tipo tiene constancia y qué se está haciendo?

Hay un problema grave. En plena crisis las ejecuciones hipotecarias ponían a muchas familias en la calle, pero la acción de plataformas como la PAH hizo que las cosas cambiaran. Las ejecuciones hipotecarias ya no son alarmantes, porque las entidades bancarias tienen protocolos para evitarlo. El gran problema que tenemos en Canarias es la gran cantidad de edificios que se quedaron cerrados y ahora están en manos de los bancos, porque los promotores entraron en quiebra. Muchos de ellos -no todos, pero los que nos llegan a nosotros- han sido ocupados ilegalmente. Hay familias que están dentro, y ahora los bancos están recuperando la propiedad perdida. Por eso tenemos un montón de procesos judiciales en los que se desahucia a la gente. Bueno, más que desahucios son lanzamientos. Hemos puesto en marcha el programa "Canarias más viviendas por familias". El otro día cerré un acuerdo con CajaSiete por el que la entidad pone una serie de viviendas a disposición del Gobierno con las que queremos crear una bolsa para dar soluciones habitacionales a familias que se ven en la calle por un lanzamiento judicial. Pero no a todas, a las vulnerables, porque hay familias que están ocupando viviendas de forma ilegal y no son vulnerables.