El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, compareció ayer, junto a diversos miembros de su equipo, en comisión informativa en el Parlamento para detallar el contenido del amplio y profuso informe sobre el ejercicio 2016 del Gobierno regional y los distintos órganos, empresas o fundaciones dependientes de la Comunidad. Una intervención e informe que fueron aprovechados por la oposición, especialmente por grupos como el PP o Podemos, para censurar el bajo nivel de ejecución de sus recursos de organismos como el Servicio Canario de Empleo (SCE) pese a su relevancia y alto paro que sufren las Islas, sobre todo en comparación con el gasto en otros ámbitos o departamentos.
Según denunciaron los diputados José Estalella (PP) y Manuel Marrero (Podemos), el hecho de que solo se ejecutase un 74,7% de la partida con la que contó ese año el SCE, cuando aún lo gestionaba el PSOE, es una mala noticia si se atiende al desempleo existente y refuerza la necesidad de reactivar, cambiar a fondo este servicio o, al menos, su gestión. Marrero, además, remarcó que no solo se deja de gastar 25 de cada 100 euros que se tienen para empleo, sino que se pierde ese mismo porcentaje de ingresos del Estado.
No obstante, y según recalcó el propio Díaz, eso contrasta con el 99,5% de ejecución que se dio del presupuesto global de la Comunidad, con entre un 97% y un 100% de ejecución en otros órganos y un remanente de tesorería de 740 millones. Otro ejemplo de poca ejecución que destacó, y que resultó especialmente criticado por el PP, fue el 68% de la Agencia Tributaria Canaria. Eso sí, y pese a adelantarse el cierre presupuestario a octubre de ese 2016, no se pudo cumplir la regla de gasto y esto obligó a desarrollar desde 2017 un plan económico y financiero por cuyos resultados aún se espera.
En este sentido, la diputada de CC Elena Luis se vio sola en la defensa de esa decisión, que no fue compartida en su día por el PSC (socio de gobierno) y que influyó también en la ruptura del pacto. Según la nacionalista, de no haberse adelantado ese cierre, la situación habría sido peor para la propia regla de gasto o el déficit.
Frente a estas tesis, el socialista Iñaki Lavandera aludió a los perjuicios para gastos en áreas claves, como Sanidad o Educación, si bien resaltó que ese año ya se dio un punto de inflexión favorable en estos departamentos, así como en cuestiones sensibles como las listas de espera sanitarias, el número de atendidos en Dependencia o la PCI. Marrero ahondó en esto por la merma de servicios públicos que implica, aunque puso aún más énfasis en las contrataciones irregulares, sobre todo por no cumplirse los requisitos de libre concurrencia o mérito, en compañías o entes dependientes, como la RTVC, Gesplan o Grafcan. En este sentido, el PSOE alertó de que hubo más de 500 en Grafcan. Para Estalella, la sensación que queda es la de "chiringuito" para contratar a afines, con una empresa como Gestur con 24 millones pendientes de ser analizados y 20 de pérdidas. A su juicio, que la Agencia Tributaria, "encargada precisamente de vigilar", no presente sus cuentas a tiempo "es inadmisible".
Díaz también indicó que, al cierre del informe, aún no se habían aprobado las cuentas del Consorcio de El Rincón ni de RTVC, lo que tampoco pasó inadvertido para ciertos grupos de la oposición. Pese a todo, subrayó que, más allá de estas objeciones, las cuentas cumplieron con la normativa.
Desde ASG, Jesús Ramos remarcó que ese año no se ingresaron 512 millones del Estado. Además, censura que diversos departamentos no aporten a tiempo o toda la información que demanda la Audiencia o que hubiese 49,7 millones de pérdidas en empresas públicas, sin olvidar las citadas contrataciones irregulares. También alertó de que solo se diera un 20% de éxito en las ayudas a empresas (de un total de 50 millones), dejándose fuera 210 proyectos.
Por NC, Es-ther González criticó que cada año haya más recomendaciones de la Audiencia y duda de su cumplimiento, al pasarse de las 21 de 2014 a las 29 de este 2016. Marrero, asimismo, critica que se recurra siempre a créditos extraordinarios para gastos que no tienen esa condición o que se liquidase la empresa Gestur, pero sin un documento que así lo confirme de forma contundente. A su juicio, la gestión económica del Gobierno "deja mucho que desear" y lo prueba este informe. Lavandera, por su parte, censuró mucho el remanente de casi 740 millones.
Críticas por las sanciones pendientes de cobro
El informe de la Audiencia de Cuentas sobre 2016 constata también que, si bien se redujeron, aún quedaban muchos expedientes de cobro por sanciones de diverso tipo de años anteriores que, según lamentaron diversos grupos, incluso no se han percibido en estas fechas. Además, Iñaki Lavandera preguntó (sin recibir respuesta, aunque Díaz anunció que lo haría por escrito a todo lo cuestionado por la oposición) si se podrán recuperar los 107 millones que incluía el análisis para la montaña de Tindaya. En contraste, Elena Luis remarcó que las cuentas de ese 2016 presentaban una mayoría de saldos positivos, salvo el desvío en el gasto de casi cuatro puntos que obligó a adelantar el cierre.
Apoyo unánime a otros informes de gestión
Tras el informe de la Audiencia, que ahora se llevará a pleno, la comisión de presupuestos abordó ayer, asimismo, otros análisis de gastos farmacéuticos del SCS de 2013 y de implantes quirúrgicos, del sector público de 2014, de las dos universidades canarias de ese año y 2015 o del Ayuntamiento de Agüimes. Incluso en este caso, las propuestas de resolución de los distintos grupos o los informes elevados por la Audiencia se aprobaron por unanimidad, con pequeñas excepciones poco resaltables.