El Consejo de Gobierno de Canarias acordó el pasado lunes modificar las condiciones que han de cumplir las empresas públicas de la Comunidad Autónoma para ampliar el ámbito de las administraciones que les encargan tareas mediante la figura de la encomienda de gestión. La medida permitirá que cabildos y ayuntamientos puedan recurrir también a estos encargos.

El acuerdo supone tanto la trasposición de una directiva comunitaria al respecto como la ejecución de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de 2018, que recoge que las entidades locales canarias podrán encomendar a los entes públicos empresariales, siempre y cuando ejerzan sobre ellos "un control conjunto con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los organismos autónomos dependientes de ella".

Esta supervisión -análoga a la que corporaciones insulares y municipales están obligadas a ejercer sobre sus propios servicios y unidades contratantes, según la Ley de Contratos del Sector Público- consistirá en la presencia en los consejos de administración de las empresas públicas de representantes de estas administraciones locales, explican a este periódico fuentes de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional.

De hecho, a comienzos de este año ya se produjo una solicitud por parte de la Federación Canaria de Islas (Fecai) -el órgano que defiende los intereses de los cabildos- para llevar a cabo una de estas encomiendas a alguna de las entidades que forman parte del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma.

La asunción de encomiendas de gestión por las empresas públicas autonómicas ha sido objeto de reparos por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias en varios informes de fiscalización, no tanto por el hecho del encargo como por la subcontratación a la que a menudo se acude para desarrollarlo. Sin embargo, en los últimos ejercicios esta práctica parece haberse corregido en gran medida.

Así, en el informe correspondiente a 2015 la Audiencia de Cuentas detectó ocho casos en que la subcontratación a terceros superó el 50% del importe total de los trabajos encomendados, una cifra que el año siguiente se redujo a solo una.

las claves

Consejo de Administración. Las corporaciones insulares y municipales podrán encomendar trabajos a los entes del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma. Para ello, deberán contar con un representante en los consejos de administración de estas empresas.

Primera solicitud. La Federación Canaria de Islas ya ha solicitado al Gobierno acceder a los servicios de los entes empresariales para encargarles algún trabajo.