La comisión de Asuntos Exteriores celebrada ayer en el Parlamento de Canarias ahondó en cómo afronta el Archipiélago la nueva estrategia europea para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) a partir de 2020, pero permitió también que el consejero de Economía, Pedro Ortega, sumara un argumento más a la defensa del Gobierno y CC a la entrada del gas en las Islas y el desarrollo de las regasificadoras previstas. En respuesta a la portavoz de Podemos, Noemí Santana, que aprecia contradicciones entre lo que se dice ante la UE sobre sostenibilidad y lo que se hace aquí con la energía o la movilidad, el responsable del área aludió a las regasificadoras o el gas en islas mediterráneas tan relevantes para la Unión como Chipre y Malta.

Ortega subrayó que lo que hace y permite la UE en Chipre y Malta prueba que la línea del Ejecutivo regional es acorde con la de la Comunidad. No obstante, insistió mucho más en que el gas sigue siendo "secundario, un accesorio", mientras que las energías renovables representan "el objetivo aquí y en la UE". Eso sí, al mismo tiempo lo presenta como imprescindible para hacer la transición y como "más económico, menos contaminante y mejora la biodiversidad".

Santana, por su parte y en línea con su postura en la legislatura, sigue considerando que se ha de apostar únicamente por las limpias sin pasar por el gas y ve contradicciones en lo que se dice ante la UE en los documentos para la nueva estrategia y lo que se hace o las previsiones en las Islas.

Vinculado con la energía limpia, y si bien no se trató en la comisión, ayer trascendió que la UE apoya la puesta en marcha del proyecto Resor, impulsado por el área de Ortega con el fin de desarrollarla y promover también el ahorro y la eficiencia energética. La iniciativa se incluye en la convocatoria del programa europeo Interreg, de cooperación de regiones europeas, y en él participan regiones alejadas del continente que se caracterizan por una mayor dependencia energética del exterior, entre las que se encuentran las RUP, además de Chipre y la región griega de Epiro. El presupuesto es de 1,7 millones de euros, de los que el 85% será financiado con fondos europeos.

Durante la comisión, los partidos sí coincidieron en apoyar las previsiones para la nueva estrategia de las RUP y, sobre todo, la necesidad de la sentencia de diciembre de 2015 sobre el artículo 3.4.9 del Tratado y las especificidades de estas regiones alejadas.

A petición del PSOE, Ortega detalló los avances logrados hasta ahora y, sobre todo, el hito que supuso que, por primera vez en 20 años, el presidente regional, en calidad de responsable de turno de las RUP, se reuniera la semana pasada con Rajoy, Macron y Costa, algo que también destacó mucho Cristina Tavío (PP). Ante las dudas por un exceso de "teoricismo" de diputados como Juan Manuel García Ramos (CC-PNC), el consejero insistió en diversas ocasiones en la importancia del estatuto específico para estas regiones.

Además, recalcó los 5 ejes por los que pasa la citada estrategia, consistentes, entre otros, en una "gobernanza con un enfoque inclusivo que refuerce las relaciones entre las RUP" y que propicie una mejor coordinación. También la modernización de los sectores tradicionales, con especial énfasis en la agricultura y la pesca (compensaciones incluidas para proteger los usos artesanales y en pro de la sostenibilidad). Para ello, resulta clave mantener el Posei. Asimismo, se pretende una mayor "valorización" de las bases de las RUP para hacer efectivas apuestas como la de la economía azul y circular o la lucha contra el cambio climático, sacando el máximo rendimiento a todos los instrumentos financieros existentes.

El consejero aludió también al aumento de las competencias sobre movilidad y accesibilidad, destacando la relevancia de empresas como Binter o Armas, al tiempo que remarcó la apuesta por la investigación y la existencia de 4 millones para las RUP entre este año y 2020 para utilizar estas regiones como laboratorio para este ámbito, sin olvidar los programas Erasmus o la digitalización. Los ejes se completan con el fomento de las relaciones y colaboración con los países vecinos.

El 80% de la ayuda exterior va a Venezuela

Tras Ortega, intervino el viceconsejero de Acción Exterior, Luis Padilla, quien, a petición del PP, detalló la situación de Venezuela y, en especial, de los canarios o descendientes allá, sin obviar las pensiones no cobradas desde hace más de 2 años por los que están en las Islas. Sin escatimar calificativos como "crisis dramática", subrayó que el 80% de los 1,7 millones que tiene el Gobierno para ayuda exterior se va a este país por los claros vínculos y por su situación, mientras que el resto, a Cuba, Uruguay y Argentina. Entre los datos más espeluznantes, destacó que, en 2017, tres cuartas partes de la población había perdido peso, con una media de 11 kilos menos, o que 4 de cada 5 hogares son pobres, con un 87% de los venezolanos por debajo del nivel de pobreza. También alertó de la terrible inflación, del 2.400% en 2017, y que este año puede llegar al 13.000%, con una pérdida del 99% del valor del bolívar, lo que hace casi imposible salir (según alerta Tavío) y dificulta el envío de ayudas.

Situación dramática que sigue creando debate

Por supuesto, esto volvió a crear diferencias, sobre todo entre PP, PSOE, CC y ASG, que censuran la falta de democracia, y los matices de Podemos. Un grupo que, sin quitarle relevancia y apostando por el diálogo y por no primar a un bloque, recuerda que hay crisis en otros países sin que casi se hable, como Haití, o la venta de armas de España a Arabia Saudí, lugar poco ejemplar para la democracia. No obstante, lo relevante lo aportó Padilla, quien, también por supuesto, puso énfasis en la escasez de alimentos y medicamentos, lo que se afronta con la Fundación España Salud, a la que se derivan 600.000 euros. Recordó que The Economist calificó al país en 2017 como "el peor gobernado y más corrupto de Latinoamérica", así como el millón de emigrados desde 2015, con 600.000 en Colombia y con Acnur considerándolos ya refugiados. Dijo que hay 41.600 en las Islas y que allá se desarrollan 9 medidas, consistentes, sobre todo, en repartir medicamentos con 2 cooperativas farmacéuticas, si bien no da logros idóneos y, en 2018, se hará con farmacias y tarjetas de 32 euros a renovar cada 2 meses. También con asistencia domiciliaria (43.000 euros a doblar), centros de día o 2 residencias de mayores. Según dijo, Canarias sigue el ejemplo de Galicia (el 50% de la diáspora es de Canarias y gallegos), "que destina 10 veces más de dinero desde 2012".