Los pescadores profesionales y la pesca recreativa, dos colectivos con grandes diferencias pero preocupaciones comunes, acudieron ayer al Parlamento autonómico para exponer su visión sobre la realidad de sus respectivos sectores. La brecha que separa a ambos colectivos quedó muy clara en las comparecencias ante la comisión de Agricultura del presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, y del representante de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables, Héctor de Paz, quienes, pese a las discrepancias, apuntaron a un problema que afecta a ambos, el furtivismo, cuya importancia se revela con una sola cifra: el 65% del pescado que se consume en el Archipiélago es de origen ilegal.
La cifra fue aportada hace más de un año por la Consejería de Agricultura en el curso de una interpelación solicitada por Podemos de la que se derivó la necesidad de contar con un plan contra la pesca furtiva que todavía no ha sido presentado, como recordó ayer el diputado de la formación morada Francisco Déniz.
En su intervención -la primera en celebrarse-, el presidente de la Federación de Cofradías propuso la constitución en el Parlamento de una subcomisión de pesca que revise la ley del sector, que data de 2003 y, a su juicio, "prácticamente legaliza el furtivismo". Gutiérrez abogó por una "racionalización" de la pesca y por concienciar a la población sobre su importancia. "Responsables públicos y gran parte de la sociedad viven de espaldas al mar", afirmó.
Pronto comenzaron los dardos del representante de las cofradías contra la pesca deportiva. "La pesca con fusil en realidad es caza. Pedimos que se cambie la denominación". Según Gutiérrez, tras una oferta de ocio se esconden, en ocasiones, personas que "hacen un gran negocio" y se dedican a la venta "ilegal" de pescado a bares y restaurantes. A su entender, la pesca submarina ha de limitarse a "dos días a la semana en ciertas zonas".
La pesca deportiva, por su parte, entiende que no puede desarrollarse durante toda la semana, pero cree "una grave injusticia" que solo se permita esta práctica en el 20% de la costa, cuando en el resto del país no existe esta zonificación. "Solo pedimos igualdad con los pescadores recreativos españoles", explicó Héctor de Paz.
El representante de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables solicitó al Parlamento que medie ante la Consejería para derogar la orden que establece la restricción de espacios y aseguró que hay estudios que certifican que esta no está justificada. De Paz desvinculó al sector de la pesca furtiva con varios argumentos: las especies de interés comercial no coinciden con las afectadas por la actividad, se mueven en profundidades diferentes y los deportistas son "diez veces menos sancionados".
Las discrepancias entre los sectores de la pesca profesional y recreativa centraron buena parte de la comisión de Agricultura del Parlamento celebrada ayer, hasta el punto de que varios diputados expusieron la necesidad de facilitar una "solución pacífica" y una "convivencia" entre ambos. Pero no fue el único asunto de la sesión: el reparto de la cuota del atún rojo por parte del Ministerio provocó duras acusaciones del presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores, Fernando Gutiérrez, quien habló de "presunta corrupción" en la Secretaría General de Pesca, lo que llevará al colectivo a acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
"Han acuchillado a un hombre y un anzuelo, que es la pesca más sostenible del mundo, y desahuciado a los pescadores del Mediterráneo para favorecer a sus amigos", denunció Gutiérrez, que se refirió a la actuación del Ministerio como un "crimen de Estado contra la pesca artesanal".
En la distribución de las capturas del atún rojo a la flota de las Islas le corresponden únicamente un 4%, lo que significa, precisó Francisco Déniz, diputado de Podemos, que "un barco del Mediterráneo puede capturar todo lo que se ha asignado a Canarias". Podemos, solicitante de la comparecencia de Gutiérrez junto al Partido Popular, sostiene que el Gobierno canario "no tiene capacidad" para velar por los intereses del sector en el Archipiélago.
El Ministerio de Agricultura y Pesca anunció ayer que abrirá la pesquería de atún rojo en el caladero canario a partir de este lunes. La cuota asignada asciende a 255 toneladas, un 35% superior a la de 2017.
Piden la dimisión de Narvay Quintero
La Federación de Cofradías de Pescadores de Las Palmas solicitó ayer la dimisión del consejero regional del área, Narvay Quintero, así como la de su viceconsejero y director general, a los que acusa de "incompetentes" y de haber cometido un "disparate" con el atún rojo. En un comunicado recogido por Efe, el presidente de los pescadores de Las Palmas, Gabriel Jiménez, anunció la convocatoria de una manifestación para mostrar el "descontento" que sienten las cofradías de la provincia por la "politización, manipulación y malas artes" que, a su juicio, emplea la Consejería de Agricultura para favorecer a las embarcaciones de Santa Cruz de Tenerife.
Cisma entre las dos provincias
Las cofradías de la provincia oriental también critican al presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, de cuya "falta de preparación" sobre la pesca artesanal sostienen que se ha "aprovechado" la Consejería. Según los pescadores de Las Palmas, Fernando Gutiérrez, que compareció ayer en comisión parlamentaria para explicar la situación del sector, ha sido "contratado" por el Gobierno canario para defender la pesca industrial y, además, ha recibido "subvenciones sin justificar" y se ha beneficiado de mejoras en el puerto de El Hierro.
Las Palmas acudirá a los tribunales
La Federación de Las Palmas se queja de que lleva dos años a la espera de recibir subvenciones y de que ha sido expulsada de forma "ilegítima" del consejo asesor y del consejo de administración de Puertos Canarios para que el viceconsejero, Carlos Domínguez, "coloque" a Gutiérrez, decisión que contó con la oposición del director general de Pesca, Orlando Umpiérrez. La entidad anuncia que llevará este asunto a los tribunales.
"Ataque frontal" en el reparto del atún rojo
En cuanto a la pesca del atún rojo, Jiménez recalca que se ha favorecido a las embarcaciones industriales de Tenerife frente a las artesanales de Las Palmas, que verán cómo el cupo se ha agotado cuando comiencen a faenar, porque este pescado entra por las islas occidentales y porque los barcos de esta provincia son de mayor capacidad, advierten las cofradías. Desde la Cofradía de Las Palmas se considera que ha habido un "ataque frontal", en especial a Lanzarote y Gran Canaria, en beneficio de Santa Cruz de Tenerife, ya que la Consejería ha "primado a unos pocos con mayores intereses económicos que pertenecen a las islas que más les votan".