La Consejería de Educación y Universidades cuenta en la actualidad con 72 inspectores, la misma cifra que antes de que empezara la crisis y cinco más que al principio de la legislatura, según informó ayer la consejera del área, Soledad Monzón, a la comisión de Educación del Parlamento canario.
La consejera defendió la apuesta que se ha hecho por reforzar la plantilla, pero también la orientación que se ha querido dar al servicio, centrada más en el asesoramiento y menos en la capacidad sancionadora, señaló.
Ante las críticas de algunos diputados, Monzón reconoció que siempre es preciso hacer mejoras, por lo que, aseguró, hay contemplado un plan de modernización de los equipos informáticos, además de aplicar otras medidas para mejorar la relación entre la administración y los docentes.
Los diputados Francisco Déniz (Podemos), Luis Campos (Nueva Canarias) y Águeda Montelongo (Partido Popular) denunciaron en sus intervenciones que el servicio de inspección en educación está, a su juicio, demasiado politizado.
Déniz fue más allá y recriminó los "constantes" cambios que se han producido en los equipos directivos de la inspección en los últimos años y el abuso de comisiones de servicio. Aseguró que hay alrededor de 400 profesores realizando tareas administrativas adscritos a la Consejería de Educación a través de distintas comisiones de servicio, lo que implica mayor gasto en personal.