El Gobierno canario deberá devolver casi 300.000 euros -con más exactitud, 299.487, 35- en concepto de ayudas agrícolas europeas después de que las autoridades comunitarias hayan detectado "deficiencias en la calidad y la eficacia de los controles" y "carencias en el análisis de riesgo" en la gestión de estas subvenciones, corroboradas luego por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
La resolución del Ministerio de Agricultura fue publicada ayer en el BOE junto a otras seis referidas a otras tantas comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias- que también habrían incumplido el derecho comunitario.
Fuentes del Gobierno regional explicaron a este periódico que el Ejecutivo abonará la deuda por las deficiencias identificadas en los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, la promoción del vino en terceros países, las ayudas por superficie y el control de operaciones en los ejercicios financieros 2012 y 2013.
Sin embargo, la Administración autonómica discrepa del criterio que ha llevado a adoptar la medida. Las dos consejerías implicadas -Hacienda y Agricultura- estudiarán la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo.