El aún Diputado del Común, Jerónimo Saavedra (si bien la próxima semana será sustituido por el también socialista Rafael Yanes), aprovechó su última comparecencia ante los medios como cargo público, según anunció, para recomendarle a los partidos que le copien y usen su informe sobre 2017 para elaborar el programa electoral de 2019. El exministro cree que las formaciones no deben gastar dinero en asesores para configurar unas propuestas que bien pueden armar si simplemente leen su documento sobre las quejas de los isleños el año anterior, ya que ahí se reflejan las carencias presupuestarias y de personal que sufren ahora las distintas áreas administrativas.
Como es habitual por estas fechas, el también expresidente canario le entregó ayer a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, su informe, que ahora deberá exponer ante los grupos y el Parlamento su sustituto. Ante la prensa, Saavedra remarcó que la cifra de quejas apenas subió en 14 sobra 2016, pasando de 1.781 a 1.795, subiendo las dirigidas al Gobierno y cabildos, pero bajando las de los ayuntamientos.
Como hasta ahora, sobresalen las relativas al área social, si bien reconoció una mejoría en la respuesta por los mayores recursos con los que se contó. No obstante, siguen destacando las de dependencia, PCI y vivienda. En este último apartado, se queja de que las ayudas al alquiler no son suficiente y del trato de algún cargo o funcionario, con actitudes que no concibe en servidores públicos.
De lo positivo, resaltó la reducción de la espera para obtener los carnés de familias numerosas, que antes superaban los 6 meses y que ahora están por debajo de 3 en la provincia tinerfeña y en 4 en la de Las Palmas, cuando el plazo máximo estipulado por la norma es de 90 días. También subrayó que los canarios hayan recuperado en 2017 un total de 155.000 euros por impuestos, tasas o multas mal cobradas. Asimismo, valoró que, en dependencia, haya 2.000 beneficiarios más, pero recordó que aún quedan 9.000 en listas de espera y que la ayuda a domicilio no funciona como debería. De hecho, lamentó que el Estado solo cubra el 40% de la dependencia, cree que se ha debido tener en cuenta la prestación que hacían los ayuntamientos en esto, duda de que se acierte al ligar a estas personas a los cabildos en municipios de más de 20.000 habitantes y apuesta por un buen esquema competencial.
De las carencias, también llamó la atención sobre la falta de personal en el catastro, si bien recordó que esto depende del Estado. No obstante, y aunque esto perjudica a la hora de saber a quien pertenecen inmuebles o fincas, aseguró que las relaciones con Madrid en todos los ámbitos son muy positivas y que, sobre el catastro, ya le trasladó su visión al Defensor del Pueblo. Entre lo positivo, incluyó, a su vez, el aumento de las resoluciones de las administraciones y que su aceptación de las quejas alcanzó, incluso, el 90%, aunque eso no siempre se traduce en aplicaciones adecuadas.
Preguntado por la prisión permanente revisable, prefirió llamarla cadena perpetua y no se mostró en contra, aunque sí de la pena de muerte. A su juicio, hay que atender más a los países del entorno, como Italia, y, en tal caso, cumplir más las penas y no primar más el honor que la vida.