El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, detalló en el pleno parlamentario de ayer, a petición de su grupo (CC), el nuevo plan sobre infraestructuras judiciales de las Islas, que abarca hasta el año 2031 y que, según subrayó, aborda todas las necesidades principales de las distintas islas. Pese a su insistencia y la gran acogida por parte de su formación, Barragán no convenció en exceso al resto de partidos, sobre todo porque recordaron otros planes, los retrasos sufridos y los cambios en proyectos como el de la ciudad judicial de Santa Cruz, por lo que cree que se trata más de retórica que de hechos.

El responsable del área resaltó lo previsto para juzgados de La Orotava, La Laguna, Lanzarote, las Palmas y otras ciudades o Islas, insistiendo en lo completo del proyecto y en la alta inversión. Asimismo, aludió a los 32 millones contemplados para el edificio de medicina legal y el palacio judicial de la capital grancanaria, al tiempo que recordó su apuesta por resolver cuanto antes la parálisis con la ciudad judicial santacrucera. Eso sí, admitiendo que, tras la reacción de los colectivos, abierto ahora a si se puede ejecutar en Cabo Llanos y no en El Sobradillo, lugar que CC sigue considerando mejor.

El resto de grupos, no obstante, le recordaron que ya se había propuesto un plan 2018-2032, que ahora pasa a ser de 2017-31. Además, y también en boca de Esther González (NC), se aludió al inicial pacto de gobierno para este mandato, que proponía proyectos a 8 años dista, con lo que se censura, en realidad, la falta de logros. En una línea muy similar se pronunció Gustavo Matos (PSOE), quien le reconoce a Barragán sus buenas formas, pero, en esto, cree que se queda demasiado en la apariencia. También Podemos, PP y, en menor medida, ASG compartieron esta visión y críticas.

Más tarde, y también en la sesión vespertina , la mayoría de grupos le advirtieron a la consejera del área social, Cristina Valido, el insuficiente número de plazas del II Plan Sociosanitario, previsto hasta 2020. Según denunciaron el PSOE, PP, Podemos y NC, las 4.460 plazas no cubren, ni siquiera, la demanda solo de dependencia registrada en septiembre pasado, superior a las 5.000, con lo que ya faltan más de 500. Los socialistas advirtieron que solo en dependencia habrá más de 50.000 peticiones y que la población mayor de 65 años ya se sitúa en las 83.000 personas. El PP, por su parte, avisó de que, en 2030, serán el 30%.

Valido contrarrestó las críticas con una visión que cree realista, pero optimista, recordándole al PP su gestión en Gran Canaria, la apuesta por el envejecimiento activo y los servicios domiciliados, y realzando la pérdida de 5.000 millones en el Estado, las críticas al 0,25% de subida de pensiones y la coordinación con los cabildos.

En las preguntas, CC mostró también su preocupación por la situación de la cochinilla, la ausencia ya de profesionales, que solo esté en explotación el 5% de las 200 hectáreas de Lanzarote o que haya 20 familias en el resto de islas que se ocupan coyuntaralmente de este cultivo que, en su opinión, ha de entrar en el Posei.