La Dirección General de la Función Pública ha revisado los protocolos de actuación para la realización de pruebas selectivas de la Administración General de la Comunidad Autónoma. La resolución que recoge los cambios fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y ha sido impulsada después de que se descubriese que el entonces alcalde de Firgas, Manuel Báez, suplantó a su hijo en unas oposiciones celebradas el pasado diciembre. El consejero de Presidencia del Gobierno, José Miguel Barragán, se comprometió en el Parlamento a comienzos de febrero a modificar la normativa.

Como afirma su exposición de motivos, la resolución busca garantizar el ejercicio del derecho fundamental al acceso a un empleo público en condiciones de igualdad respecto de quienes participen en los procesos de selección de personal funcionario y laboral y garantizar la transparencia, la publicidad y la libre concurrencia, indica la Consejería a través de un comunicado.

Así, se adoptan medidas de organización y seguridad en el procedimiento de verificación de la identidad de los aspirantes, de evitación del uso de dispositivos electrónicos o cualquier otro medio que permita la realización fraudulenta de los ejercicios. Asimismo, se toman medidas que preservan la cadena de custodia de los exámenes y su inalterabilidad.

El protocolo revisado dirige parte de las medidas a un mayor protagonismo de las personas aspirantes en determinadas actuaciones, implicándoles en su realización, como son los sorteos que deban llevarse a cabo, el carácter público de las sesiones en las que se realicen los ejercicios, e incluso en determinadas correcciones de los mismos, en los procesos de identificación de las personas aspirantes, o en el aseguramiento de los exámenes realizados.

El protocolo será de aplicación a partir de hoy a todos los procesos selectivos que se convoquen y también a los que se encuentran en curso, siempre y cuando respecto de estos últimos se garantice que su aplicación se hará a todos los aspirantes por igual.

La resolución prevé que Función Pública pueda ir incorporando nuevas tecnologías a los procesos de selección en futuras convocatorias, que se incluirán en el protocolo.