El Gobierno de Canarias trabaja, desde el último trimestre de 2017, en la apertura de las agendas de los altos cargos, en concreto, esta medida afectará a las personas que ocupan la Presidencia, las consejerías, viceconsejerías, direcciones generales del Ejecutivo autonómico y cargos equivalentes de los organismos autónomos y empresas públicas.

Al respecto, indican que actualmente "hay avances concretos" en cuanto a la solución técnica para este proyecto pero el Gobierno canario "ha preferido acompasar esta iniciativa a los cambios normativos que se producirán en breve" en el Congreso de los Diputados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción y que, previsiblemente, afectarán también a Canarias, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Así indicó que dicha acción se enmarca en las actuaciones contempladas en la Estrategia Marco de Gobierno Abierto (EMGA) que el Ejecutivo canario aprobó en julio del año pasado para disponer de un sistema que posibilite incorporar la perspectiva del gobierno abierto en la cultura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de forma gradual, acorde con la evolución de sus recursos y capacidades en el tiempo, y que otorgue a la Administración la capacidad de adaptarse a los cambios exigidos por la sociedad en cada momento.

Sobre la EMGA, recordó, que se desarrolla a través de seis ejes de actuación, siendo la elaboración de estudios preliminares para la regulación de lobbies --proyecto que en un principio implicaba la apertura de las agendas de los altos cargos del Ejecutivo autonómico-- uno de los aspectos que forma parte del eje denominado Gobierno Abierto, orientado a mejorar e incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, así como fortalecer la integridad de los servidores públicos y los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.

Añadió que debido a que esta actuación incluía el estudio de la regulación de los lobbies o grupos de presión en el ámbito autonómico, el Gobierno de Canarias ha preferido acompasar su desarrollo al debate y resultado de una proposición de ley de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes que ya cursa en el Congreso.

En este sentido, expuso que el desarrollo de esa futura norma obligará, previsiblemente, a efectuar modificaciones en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a cambios en la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal que a su vez se ve afectada por una directriz de la Unión Europea en esta materia que entra en vigor el próximo mes de junio y para la que la Administración General del Estado ya ha regulado su aplicación.

En definitiva, concluye, se trata de "diversos cambios de calado" que afectarán la regulación de lobbies y demás aspectos relacionados con esta actuación, por lo que el proyecto de la EMGA "fue sustituido y reformulado a la apertura de las agendas institucionales de los cargos públicos", de ahí que el Gobierno canario considere "prudente" el mantenerse "atento" a la aprobación de las referidas actualizaciones para poder acometer una única actualización de la ley de las islas.