Pagar seguridad privada, registrar las fincas, integrarse en organizaciones de productores, controlar la venta ambulante y los mercadillos, así como implantar un sello de calidad y verificar la "trazabilidad" del producto son las medidas propuestas a agricultores, policías locales, ayuntamientos y cabildos para luchar contra el creciente fenómeno de los robos de aguacates.

Ayer se celebró la primera reunión oficial para buscar soluciones e intervenir contra las sustracciones de esta fruta, principalmente en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Al encuentro, que se desarrolló en la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, asistieron la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós; el consejero canario de Agricultura, Narvay Quintero, así como el jefe de Operaciones de la Guardia Civil, Alberto Cavero; el gerente de Mercatenerife, Ramón Díaz, y representantes de organizaciones agrarias, entre otros.

Según los datos del Instituto Armado, el pasado año robaron 32.000 kilos de aguacates en La Palma y Tenerife (20.000 y 12.000, respectivamente).

La delegada del Gobierno aseguró que, por una parte, está la vertiente delictiva, de la que se ocupan los grupos ROCA (robos en el campo) de la Guardia Civil existentes en Tenerife y La Palma, y, por otra, el control de la distribución de la mercancía robada, mediante la vigilancia de la venta ambulante, mercadillos municipales o Mercatenerife, por ejemplo, que es una tarea que compete a ayuntamientos, policías locales y cabildos. Además, Roldós y Quintero insistieron en la importancia de verificar la "trazabilidad" del citado producto, con la que se garantiza que desde el cultivo hasta que llega al consumidor se han seguido todos los procedimientos legales de seguridad alimentaria.

Mercedes Roldós indicó que el aguacate "está en franca expansión y es un producto de altísima calidad", óptimo para el consumo local y la exportación. Reconoció que tiene un alto precio y que en los próximos años habrá nuevas plantaciones.

Para la representante del Gobierno del Estado en el Archipiélago, es muy importante que las fincas y sus propietarios estén registrados legalmente, así como su canal de comercialización. A juicio de Roldós, los agricultores deben agruparse en organizaciones agrarias y tomar medidas de seguridad privada, las denominadas "guarderías rurales". Sobre este último aspecto, aclaró que las fuerzas de seguridad del Estado "no pueden llegar a vigilar permanentemente todas las fincas".

Narvay Quintero explicó que ayer fue la primera reunión oficial, pero ha tenido conversaciones con la delegada del Gobierno sobre este asunto desde antes del verano pasado. Advirtió de que darse de alta en un registro es obligatorio para comercializar legalmente la cosecha. Y manifestó que, de cara a que haya más control, los agricultores hagan previsiones de producción anuales. Quintero confirmó que hoy están registradas en Canarias 1.002 explotaciones de aguacates y en La Palma en 2017 se duplicó la producción. El consejero aclaró que en Europa no se conoce un aguacate con la calidad del canario y señaló que se trata de un producto "importantísimo para la exportación en el futuro". El precio medio de esta fruta el pasado año fue de 5,20 euros por kilo, pero en diciembre se llegó a pagar en el Archipiélago 8,50 y en la Península, 12 o 13 euros por kilo, según añadió Quintero.