La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) comenzó ayer el derribo de la casa de Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que entró en prisión en 2015 por un delito contra la ordenación del territorio al construir una casa en el Parque Rural de Betancuria.

Pasadas las diez de la mañana y con fuertes medidas de seguridad, se inició el derribo de la vivienda, situada en Campo Viejo, después de que en 2012 el Juzgado de lo Penal dictara una sentencia que condenaba a Josefa Hernández a demoler la vivienda, a seis meses de prisión y a pagar una multa de 700 euros.

La conocida como abuela de Fuerteventura y sus hijos no quisieron asistir al derribo de la vivienda, si bien Hernández, en declaraciones a través del teléfono, manifestó que prefirió vivir el día aislada mientras se preguntó si es "lógica la injusticia que le ha tocado vivir".

Aseguró que le "han destrozado la vida" con la demolición de la vivienda en la que vivía junto a una hija discapacitada y los tres nietos que tiene a su cargo.

El caso de Josefa Hernández atrajo el interés mediático en agosto de 2015 cuando tuvo que ingresar en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, ante el rechazo social de gran parte de la sociedad.

Tres días después de entrar en la cárcel, la Audiencia Provincial revocó la decisión del juez del caso de no conceder la suspensión de la condena en firme. Su salida de prisión se produjo un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el indulto.

El Gobierno de Canarias cedió una vivienda a Josefa Hernández en Puerto del Rosario, la capital de la Isla, donde vive junto a su hija y sus nietos, aunque reconoce que el estar alejada del lugar donde vivió durante años "no es forma de vivir".

Teme que un día llamen a su puerta y le digan que "la casa fue prestada por un tiempo" y se encuentre en la tesitura de pagar un alquiler (ahora no paga) o irse a la calle, que es lo que cree que le va a pasar.