La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) conmemora los diez años de su creación y su presidenta y fundadora, Lucía Jiménez, asegura que "hay que acabar con el abandono político deliberado que aún sufren las víctimas y familiares de atentados cometidos, principalmente, por el Frente Polisario". Jiménez explica que el colectivo representa a unas 300 personas, que se encuentran "desamparadas y olvidadas" desde hace más de 40 años por "todo el sistema".

La representante de Acavite manifiesta que "ahora la clase política, la Justicia, la sociedad y, sobre todo, la administración tienen que dar la cara y volcarse en paliar las demandas de estos afectados de la lucha armada por la independencia del Sáhara Occidental.

Para Jiménez, resulta fundamental "visibilizar el desafío de las víctimas canarias del terrorismo, aunque incomode".

Opina que, históricamente, los atentados perpetrados contra españoles desde 1974 hasta 1987 en la antigua colonia del Sáhara "han sido olvidados por los políticos canarios y nacionales", así como por la sociedad, la administración de Justicia o la opinión pública.

La portavoz de Acavite considera que "muchos han pretendido, de forma irresponsable y poco acertada, primar los intereses de la política real y la geoestrategia partidista, en detrimento de las humildes familias afectadas" por estos actos terroristas.

Muchas de las 300 víctimas eran trabajadores de las minas y empresas de fosfatos de FossBucráa, así como pescadores canarios que faenaban en el "caladero canario-africano", según la referida asociación.

Lucía Jiménez estima que hay que "ahondar en la ayuda política, administrativa y hasta académica". Cree oportuno incluir a los afectados por estos atentados en los proyectos de recogida de testimonios de víctimas que han puesto en marcha los ministerios de Educación e Interior.

La fundadora de Acavite piensa que los "heridos y asesinados" por el Frente Polisario y sus familiares sufren un agravio comparativo con respecto a otras víctimas de los ataques de ETA o de los terroristas yihadistas, "que sí han logrado su merecido reconocimiento de memoria y dignidad".

Jiménez dice que compete al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico, así como al Parlamento de Canarias, aprobar y financiar la prometida Ley Canaria Complementaria de Víctimas del Terrorismo.

Según el colectivo de afectados por atentados del Frente Polisario, el actual ministro del Interior, Ignacio Zoido, se ha comprometido recientemente a paliar "todas las necesidades" de las víctimas canarias.