El sindicato CSIF denuncia la indefensión de los funcionarios de instituciones penitenciarias ante las agresiones por parte de presos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, solicitan a las autoridades que apliquen con rigor el protocolo establecido al respecto y ofrecer mayor información sobre aquellos internos con conductas más peligrosas.

Los representantes de dicha organización aseguran que, en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud de los centros penitenciarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, "hicimos mención a que sufrimos una media de una agresión por mes con lesiones que conllevan baja laboral". Recuerdan que el pasado domingo, 3 de diciembre, uno de los trabajadores fue víctima de una agresión en el departamento de Enfermería, que se une a otras dos más registradas en noviembre.

CSIF critica que dicho ataque tuvo como "protagonista" a un preso "con un historial plagado de incidentes y que, no obstante, se encontraba realizando vida normal en un área especialmente sensible, como es la de Enfermería, donde las ya de por sí bajas medidas de seguridad del centro penitenciario de Tenerife se debilitan aún más debido a las actividades que necesariamente se producen en el mismo". Para estos delegados sindicales, "es absolutamente intolerable que se asuman como inevitables estas conductas violentas de los internos y que la Administración Penitenciaria prime proteger la vida, integridad física y salud de los internos sobre la de sus empleados públicos". Según el CSIF, "existe una percepción generalizada entre estos últimos sobre la escasa preocupación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante el alarmante incremento de las agresiones a trabajadores en estos últimos años".

Los sindicalistas opinan que el desarrollo del protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y los de inserción social (Peafa)", reforzando el papel de los delegados de prevención, ayudará a tener un mayor conocimiento de "este gravísimo problema". Otro instrumento que otorga dicho protocolo consiste en "obligar a los directores de los centros penitenciarios a remitir a la autoridad judicial las agresiones a los empleados públicos, lo que en más de un caso no se produce". Dicho procedimiento contempla elaborar fichas de control más completas para tener información específica sobre aquellos presos que puedan generar más conflictos.

El remanente de productividad

El CSIF también critica la decisión tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para repartir el remanente de productividad que hay en dicho organismo, cifrado en 1.100.000 euros, exclusivamente entre personal de los servicios centrales y el personal directivo (directores y subdirectores) de los centros periféricos: "Unos sufrimos las agresiones físicas y otros cobran el escaso dinero a repartir", aseguran fuentes del citado sindicato.

Solicitan la dimisión del secretario general de la institución

La organización sindical también solicita la dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, "por dirigir la institución como si fuese una propiedad personal, en la que no se tiene en cuenta a los trabajadores que, día a día, llevan a cabo las funciones más penosas" de la entidad.