La educación es un derecho universal y también una responsabilidad compartida. Empieza en la familia, continúa en la escuela y define la sociedad en la que vivimos. Todos podemos ser beneficiarios, pero también agentes educadores. Sin embargo, ¿cuánto aportamos para que ese sistema progrese, cambie la realidad de miles de niños y acabe transformando tu entorno?
La dirección del Consejo Escolar de Canarias (CEC), que lleva un año en el cargo, está intentando que la comunidad educativa crezca a través de nuevos y más potentes consejos escolares municipales, comarcales o insulares. Hace unos meses decidió poner en marcha "Municipios e Islas Educadores", un proyecto que busca el compromiso de toda la sociedad en el desarrollo de la enseñanza, tal como contemplan tanto el Pacto Social, Político y Económico por la Educación como la Ley Canaria de Educación.
Los consejos escolares de ámbito territorial fueron creados en Canarias por la Ley 4/1987, de 7 de abril, a partir de la que se estableció la creación de los distintos órganos de participación como instrumentos para fomentar la implicación de la sociedad en la programación de la enseñanza a todos los niveles.
Aunque esa norma preveía un plazo de un año para ponerlos en marcha desde su entrada en vigor, tres décadas después Canarias no ha conseguido que esa regulación se materialice. En el año 2014 estaban creados en canarias 47 consejos escolares municipales y no se había configurado formalmente ningún consejo escolar insular. El CEC calcula que en la actualidad ni siquiera el 50% los municipios cuenta con consejos escolares creados y en funcionamiento.
Existen consejos que vienen funcionando de forma sostenida, pero la constitución de nuevos órganos sigue estancada a pesar del mandato legal y de los proyectos que se han llevado a cabo para su impulso. Uno de los argumentos que justifican dicho "estancamiento", según recoge el proyecto, es la realidad vivida por los municipios muy pequeños, con tan solo uno o dos centros educativos. Según el estudio "La realidad de los consejos municipales escolares" (2016), muchos municipios no plantean formalizar su consejo escolar porque los ayuntamientos ya realizan el contacto directamente con los centros. Como son municipios con pocos recursos personales y económicos, no creen necesaria la creación de estos órganos participativos y lo sustituyen por esa relación directa que elimina "la riqueza que aporta un consejo escolar municipal". Para impulsar estos consejos, el CEC ha planteado la creación de consejos comarcales e insulares.
No es la primera vez que el Consejo se pone manos a la obra. Durante los años 2008 y 2010 puso en marcha otro proyecto dirigido a potenciar la creación de estos órganos de participación. A partir de esta iniciativa se elaboró una propuesta de reglamento y se organizaron las primeras jornadas de colaboración entre el Consejo y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
El presidente del Consejo Escolar, Ramón Aciego, insiste en que la participación de la sociedad no puede limitarse a los 54 miembros del órgano consultivo que dirige.
"Queremos dinamizar los que ya están activos y promover que se formen los que quedan". Además, también quieren impulsar los consejos insulares, "algo que sí que está totalmente parado". Para ello se han reunido con la Federación Canaria de Islas (Fecai), que no solo ha mostrado su interés sino que ha planteado la conveniencia de impulsar una comisión educativa. "Es un paso importante".
"El consejo escolar es un órgano de participación de ámbito regional y tiene que llegar a cada uno de los rincones. Su primera vía son los consejos escolares de centro, la segunda, los consejos municipales y la tercera, los consejos insulares. La ley también contempla incluso consejos escolares comarcales. En algunas zonas quizás interesa desarrollar estos consejos, porque la realidad de una zona es la misma", resume.
Aciego es un firme defensor del papel democrático de los consejos escolares. En el CEC no está representada solo toda la comunidad educativa -alumnos, padres y sindicatos docentes-, sino que hay espacio para miembros de todas las administraciones -cabildos, ayuntamientos-, otras instituciones educativas -universidades- y hasta empresarios.
Es la mejor forma, piensa, de hacer partícipe a toda la sociedad de que la educación es un asunto que nos atañe a todos. Ahora, considera Aciego, hay que dar un paso más en la descentralización de este modelo para seguir garantizando este principio.