El Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Gobierno canario han firmado este lunes tres convenios de colaboración para avanzar en la empleabilidad en Canarias, y entre ellos destaca el Plan Integral de Empleo dotado con 42 millones de euros que a juicio del presidente, Fernando Clavijo, contribuirá a la creación "de empleo real".

Según ha informado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en rueda de prensa conjunta, estos 42 millones de euros se sumarán a los fondos que recibe Canarias en Conferencia Sectorial.

De ellos, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aportará 24.150.000 euros y el resto, 17.850.000, será una contribución que se canalizará a través de una ayuda adicional del Fondo Social Europeo. Mientras, los otros dos convenios firmado servirán para avanzar en materia de lucha contra el fraude e incapacidad temporal.

Báñez ha destacado la gestión del Gobierno canario en materia de empleo, destacando que genera trabajo por encima de la media, 4,7 por ciento, y que ha recuperado 117.789 empleos destruidos por la crisis, a lo que ha añadido que la Comunidad Autónoma "avanza en el segundo gran objetivo, que es el empleo de calidad".

"Es un Plan que estoy convencida que permitirá mejorar la empleabilidad de los trabajadores canarios, ganar tiempo y acelerar la transición del desempleo al empleo", ha señalado la titular de Empleo.

Por su parte, Clavijo se ha mostrado satisfecho con el acuerdo, que entiende, introduce "mejoras" que van a permitir que "se produzca la creación de un empleo real", "no uno que termina cuando terminan los recursos públicos", ha apuntado.

FONDOS COMPROMETIDOS EN 2017, SE PODRÁN GASTAR EN 2018

"No solo va a ser una inyección importante sino que va a ayudar a crear puestos duraderos y estables", ha afirmado el mandatario canario, quien ha confesado que en el Gobierno están "muy esperanzados" con la firma de este plan.

"Esperemos que sirva para generar tranquilidad, estabilidad y vayan subiendo los porcentajes de empleo a tiempo completo", ha añadido el presidente canario en declaraciones a medios.

Además ha agradecido el reconocimiento de Báñez con los datos de empleo, al tiempo que ha recordado que el archipiélago crea trabajo estable por encima de la media. Así, el 12,8 por ciento del empleo es indefinido y el 65 por ciento a jornada completa.

Los fondos se tendrán que comprometer en este último trimestre del año, si bien se podrá ejecutar a lo largo de 2018 sin que ello perjudique a planes de empleo futuros. Por ello Clavijo ha agradecido la comprensión del Ministerio de Empleo para facilitar la inversión pública en el archipiélago.

"Nos hemos comprometido a comprometer los 42 millones ahora, lo que supone un trabajo ingente, pero vamos a poder ir gastándolo en 2018. El plan de 2017 se va a poder ir ejecutando a lo largo de 2018, lo que se podría ir acumulando a planes de empleo del próximo año", ha explicado, al tiempo que ha destacado que el "ciudadano objetivo" de este plan son los 125.000 desempleados de larga duración que se ha quedado sin prestación.

APOYO A LOS PRESUPUESTOS

Clavijo ha vinculado estos convenios al apoyo de su formación, Coalición Canaria, a la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por ello ha destacado que su capacidad de negociación va a hacer que en los próximos presupuestos haya una parte de recursos que van a ir "sí o sí" a la comunidad canaria.

Y si bien ha señalado que desde su Ejecutivo negociarán durante toda la Legislatura, ha indicado que la "negociación gruesa" tuvo lugar con la investidura, "ahora estamos con la microcirugía", ha puntualizado, por lo que ha confirmado que si el Gobierno cumple, en el Ejecutivo canario son "personas de palabra", en referencia a su continuidad en el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA

Clavijo y Báñez también firmaron otro convenio por el que Canarias y el Estado intensifican las actuaciones contra la economía sumergida y el empleo irregular a través de la actuación conjunta.

Este convenio contempla, entre otras medidas, un plan de refuerzo temporal de las plantillas de la Inspección para intensificar la vigilancia y la creación de una unidad de trabajo especializada, integrada por representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Dirección General de Trabajo y del Servicio Canario de Empleo (SCE), que tendrá acceso a toda la información disponible para la definición de las principales conductas y detección de bolsas de fraude.

El refuerzo temporal de las plantillas se definirá en un plan concreto que permitirá destinar más inspectores para la realización de campañas que eviten las conductas que generan competencia desleal, desprotección social de los trabajadores y evasión de cotizaciones sociales derivadas de las relaciones laborales.

El Gobierno de Canarias se hará cargo íntegramente de los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento para realizar las visitas de inspección por parte de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social procedentes de otras Comunidades Autónomas.

CONTROL AUTONÓMICO DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES ENTRE 2017 Y 2020

Además, se ha formalizado el acuerdo por el que el Ministerio de Empleo, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cede a las Comunidades Autónomas, entre ellas Canarias, la competencia para que, a través de los facultativos de su Servicio Público de Salud (SPS), extiendan los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta que establecen el inicio y la duración de los procesos de Incapacidad Temporal en su territorio.

De esta forma, mediante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería, el Ejecutivo autonómico participa en la responsabilidad de gestionar y controlar la prestación junto con las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social.

Canarias recibirá 14.191.806,81 de euros, siempre condicionado al grado de cumplimiento de determinadas actuaciones de gestión y control de la IT, fijadas en cada ejercicio económico. Para ello, se realizará un programa de actividades para modernizar la prestación de IT y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año.

El programa incrementa la formación de los médicos de Atención Primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la IT como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud.