Once entidades canarias -corporaciones de derecho público y organizaciones sin ánimo de lucro- se repartirán los 240.000 euros que la Dirección General del Trabajo del Gobierno regional destina a apoyar proyectos que palíen los efectos de la economía sumergida.

La resolución de este departamento de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) e incluye tanto organizaciones empresariales como ONG.

Los beneficiarios son, en concreto, la Asociación Canaria Potenciación Desarrollo Social Generación 21 -que recibirá 24.000 euros, la máxima subvención prevista en el procedimiento-, la Asociación Canaria para la Cooperación Solidaridad Internacional (AACSI) -15.000 euros-, Creativa-Asociación para la Promoción del Empleo y la Cohesión Social -20.195-, la Asociación Canaria Atacayte para la Lucha por el Bienestar Social -24.000-, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) -24.000-, la Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas y su fundación -24.00 euros cada una-, la Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades -23.313 euros-, CEOE-Tenerife -24.000-, la Federación de Empresarios del Metal de Santa Cruz de Tenerife -24.000- y la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) -13.491 euros-.

La convocatoria subvenciona proyectos como la creación o mantenimiento de instrumentos para recibir o canalizar denuncias de empleo irregular, la realización de campañas de información o sensibilización, el desarrollo de acciones formativas sobre las repercusiones de la economía sumergida y el asesoramiento y la actuación en los casos de economía irregular.

El director general de Trabajo del Ejecutivo autonómico, José Miguel González, se mostró hace unos meses -cuando se lanzó la convocatoria- "convencido" de que la seguridad y el cumplimiento de la legislación mejora la competitividad. "Por ello -dijo-, debemos impulsar acciones que favorezcan los aspectos positivos en todos los puestos de trabajo frente a los que restan derechos y merman el crecimiento económico".

También con este objetivo se reeditará este año la campaña extraordinaria de inspecciones de trabajo realizada por el Gobierno canario. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, firmaron el pasado mes de abril un convenio que permitirá que 32 efectivos extra se incorporen a las Islas para desarrollar estas actuaciones especiales en octubre y noviembre.

Las inspecciones realizadas en Canarias durante los años 2015 y 2016 detectaron situaciones de fraude y empleo irregular en el 30% de las empresas.