Las dos patronales canarias del sector del metal y las nuevas tecnologías desarrollan desde hace un año el proyecto "#Yosoylegal", con el que buscan luchar contra la economía sumergida e incentivar a las empresas que actúan dentro la legalidad. La iniciativa recibe ahora el respaldo del Gobierno de Canarias -que aporta 100.000 euros-, con lo que Femete (la federación tinerfeña) y Femepa (la de Las Palmas) contarán con más recursos para atacar unas prácticas que, según sus cálculos, suponen una facturación aproximada de 600 millones de euros.

El presidente de Femete, Alberto Villalobos; el secretario general de Femepa, Juan Carlos Betancor, y el consejero de Economía e Industria del Ejecutivo regional, Pedro Ortega, presentaron ayer "#Yosoylegal" y destacaron el perjuicio que la economía irregular ocasiona a un sector constituido en más de un 90% por empresas con menos de menos de diez trabajadores. "Sin duda", respondió Villalobos al ser preguntado si algunos de estos negocios de la "pequeña y mediana industria" -talleres de automoción, instaladores eléctricos, empresas de telecomunicaciones, entre otros- se han visto obligados a cerrar como consecuencia de la competencia desleal planteada por quienes no se dan de alta ni pagan impuestos.

La lucha contra la economía sumergida ha sido uno de los cometidos principales de ambas federaciones durante sus más de treinta años de existencia. El presidente de Femete destacó estos esfuerzos, pero reconoció que sus resultados son "claramente insuficientes". "Ha sido un problema recurrente y permanente", convino el representante de Femepa.

Los cálculos sobre la incidencia de la economía irregular no son sencillos, aunque suele coincidirse en que se mueve en paralelo a la tasa de paro. Alberto Villalobos citó estudios de CEOE-Tenerife que apuntan a que la facturación de estas actividades ronda los 10.000 millones de euros y que su regularización podría hacer aflorar unos 100.000 puestos de trabajo. Las empresas del sector representan alrededor del 6% del tejido empresarial del Archipiélago; de ahí, la estimación de que la cifra de negocio ilegal alcance los 600 millones.

"#Yosoylegal" consiste en una aplicación para dispositivos móviles y una plataforma web que funcionan a modo de buscador para que los consumidores accedan a información sobre los servicios de las empresas asociadas a las dos patronales, unas 3.000 en toda Canarias. A través de estas herramientas, los usuarios pueden pedir presupuestos sin compromiso, puntuar las empresas, localizarlas y contactar con ellas. Al mismo tiempo, los negocios reciben un sello de calidad que acredita que su actividad se encuentra dentro de la legalidad.

Los objetivos principales de la campaña son la promoción de las empresas profesionales que se encuentran en situación de legalidad (asociadas o colaboradoras) para luchar contra la clandestinidad, además de aportar frente a la sociedad un valor añadido y de calidad e informar con mayor profundidad a profesionales y consumidores de las garantías que ofrece una empresa legal, con lo que también realiza una labor de concienciación.

El consejero de Economía e Industria resaltó que "#Yosoylegal" es una "campaña en positivo". "No se persigue a nadie", dijo Pedro Ortega, quien confió en que la iniciativa consiga que más empresas del sector se sitúen "en la línea clara".

Los representantes de las federaciones del metal y las nuevas tecnologías destacaron el apoyo prestado al proyecto por el Gobierno canario -también por otras administraciones, como el Cabildo de Tenerife y algunos ayuntamientos-, que esperan que se prolongue durante al menos los dos próximos años.