Canarias se ha opuesto, con su voto en contra, a la convocatoria de acciones transversales 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de la Fundación estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
El director general de Trabajo del Gobierno canario, José Miguel González, ha asegurado que, con el aval de los representantes sindicales y empresariales de las organizaciones más representativas de Canarias, han presentado su oposición a esta convocatoria.
José Miguel González explicó que ésta "no atiende a la condición de lejanía e insularidad del archipiélago canario que sí hace el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que pone en desventaja en materia de prevención de riesgos laborales a las plantillas".
En concreto, la Dirección General de Trabajo se opone a la exigencia de esta convocatoria en la que se precisa que el desarrollo de las acciones debe ejecutarse al menos en dos comunidades o dos ciudades autónomas.
Según un informe de la Abogacía del Estado sobre la propuesta hecha por Canarias, "no se configura como un hecho excluyente que impida a la Comunidad Autónoma el desarrollo de las mismas y, en lógica consecuencia, no se produce un hecho diferencial que pudiera justificar el establecimiento de una excepción, que en todo caso no podría establecerse en la misma convocatoria, al no estar contenido en el ordenamiento jurídico", algo sobre lo que la propia Dirección General de Trabajo ha mostrado su desacuerdo.
El texto propuesto por el Gobierno de Canarias, y avalado por los representantes sindicales y empresariales, es que se plantee una excepción para Canarias en cuanto al desarrollo de las acciones.
En este sentido, ha propuesto esta redacción, que ha sido rechazada por la mayoría del pleno de la Fundación, en donde las acciones deberán desarrollarse en el ámbito territorial de, al menos, dos comunidades o dos Ciudades Autónomas, salvo en Canarias que, dado su singularidad estructural de lejanía e insularidad, se podrá desarrollar sólo en su comunidad, haciendo uso del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en donde se reconoce el status de Región Ultraperiférica.
Estas subvenciones tienen por objeto la realización de acciones de carácter transversal que podrán ser de asistencia técnica e información y promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Por parte del director general de Trabajo se ha solicitado una evaluación de la convocatoria con el objeto de conocer cuántos de los casi 12 millones de euros de los que dispone esta convocatoria se destinarán a la prevención de riesgos laborales hacia los trabajadores y trabajadoras de Canarias.